Política

Visiones jurídica y política enfilaron a limitar funciones del CPCCS

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Quito.- Con una amplia asistencia de la ciudadanía, el Foro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, efectuado este miércoles en la Asamblea Nacional, recogió las principales visiones jurídica y política, que apuntan a la limitación de las funciones de este organismo, que es parte de la quina función del Estado.

Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Legislatura, al dar la bienvenida a los expositores y participantes, recordó que la construcción del texto constitucional en Montecristi, en 2008, incluyó una estrategia que habría de potenciar la participación ciudadana y, sobre todo, que sea este espacio de poder de la gente el que incida directamente en la selección de las autoridades de control. Si embargo, en la práctica, esta entidad cooptó todas las funciones del Estado, con el interés de un grupo político y una visión de gobierno.

Indicó que, frente a la realidad que vivió el país en la última elección de consejeros de Participación Ciudadana, que demostró un desconocimiento de la población sobre los candidatos, la forma de elección y una falta de coherencia de los propios candidatos en sus propuestas, muchas de ellas ajenas a las atribuciones del Consejo, se hizo necesario iniciar un debate que permita reformar o enmendar la Constitución, para al menos limitar las funciones de esta entidad en materia de designación de autoridades y devolverla al Parlamento.

Añadió que la Asamblea está dispuesta a hacer un gran esfuerzo por consensuar un camino que responda a los intereses del pueblo ecuatoriano, sobre la base de las demandas de distintos colectivos y organizaciones de la ciudadanía.

Wilma Andrade, legisladora y presidenta de Izquierda Democrática, subrayó que lo óptimo sería ir hacia una enmienda a la Constitución, para retirar del Consejo de Participación la facultad de nombrar a las autoridades de control y que esta atribución regrese a la Legislatura, sobre la base de la conformación de una Comisión Especial integrada con 12 miembros: un representante de cada función del Estado; cinco representantes de la academia y dos delegados de la ciudadanía, quienes desarrollarán el concurso para la selección de los titulares de los organismos de control.

Mientras, el constitucionalista Ismael Quintana consideró como camino más ágil para el cambio en las atribuciones del Consejo de Participación la vía de la reforma parcial de la Constitución, a través de la Asamblea Nacional, que finalmente, luego del segundo debate, que se produciría 90 días después de la primera discusión, se sometería a referéndum, para que sea el soberano quien ratifique esta reforma.

Para el politólogo Santiago Basabe, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la esencia de la democracia requiere de la interacción de actores políticos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, nada más, no necesita de más funciones, como el caso del denominado quinto poder, uno de cuyos órganos es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Afirmó que la vía más adecuada para incidir en un cambio de sus atribuciones es la reforma parcial de la Constitución.

Entre tanto, la jueza elegible de la Corte Constitucional, Sandra Cordero, coincidió en que la reforma parcial es la ruta más idónea para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en materia de designación de autoridades de control. Hay que fortalecer el rol que debe cumplir este organismo para generar estrategias efectivas de participación ciudadana y, sobre todo, en la responsabilidad de luchar contra la corrupción.

Los panelistas, moderados por el comunicador Gonzalo Ruiz Álvarez, resaltaron la necesidad de que la Asamblea Nacional busque la el camino que garantice mayor agilidad en cuanto a los tiempos que se requieren para la reforma y que esté vigilante de las acciones que desarrolle el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que asumirá funciones en mayo próximo para evitar que, por cualquier vía, inclusive fuera del marco constitucional, revise o pretenda echar al traste las decisiones del Consejo Transitorio presidido por Julio César Trujillo Vásquez.

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