Quito.- El presidente de la República Rafael Correa informó este jueves, en una cadena nacional de radio y televisión, sobre su envío a la Corte Constitucional (CC) de un pedido de consulta popular para evitar que propietarios de empresas en paraísos fiscales sean candidatos a dignidades de elección popular, algo que deberá ser calificado por el organismo antes de su envío al Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Nadie está impedido de ser candidato. Sin embargo, en el caso de ganar el Sí, en el lapso de un año, todo dignatario y funcionario público deberá empezar a creer en su Patria, deshaciéndose de cualquier empresa off shore o capitales en paraísos fiscales», expresó el mandatario en un mensaje a la Nación este jueves.

Por la mañana el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, entregó en la Corte Constitucional el texto con la siguente pregunta: «está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales? Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano».

«En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución».

En su mensaje Correa expresó que los paraísos fiscales «se constituyen en uno de los peores enemigos de nuestras democracias por lo que significan, en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e, incluso, apoyo al terrorismo».

Además, expresó que no son los obreros, los campesinos, los trabajadores, los maestros, los médicos, ni miles de pequeños y medianos empresarios y emprendedores quienes llevan el dinero a los paraísos fiscales, sino quienes «buscan evadir su responsabilidad, no pagar impuestos u ocultar el origen de su riqueza –incluso a veces ilícito- empleando sofisticados métodos de empresas de papel y con el asesoramiento de grandes firmas de abogados y expertos tributarios».

Agregó que eso «no solo genera corrupción, sino que también ahonda la desigualdad y las diferencias sociales. Aunque la evasión y elusión fiscal perjudica a todos los países, en proporción, los países pobres son los más perjudicados».

En Latinoamérica, 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si los capitales escondidos en paraísos fiscales pagaran el impuesto sobre la renta que les corresponde.