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Quito.- (@srradioEc).- En la sesión 43, la Comisión de Gobiernos Autónomos, presidida por el asambleísta Héctor Yépez, abordó dos temas: inició el tratamiento de una nueva reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; y avanzó en el análisis de los artículos del proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), previo a la elaboración del informe para segundo debate.

La propuesta de reforma a la Ley Ordenamiento Territorial, presentada por Pablo Celi de la Torre, en su calidad de presidente de la Función de Transparencia y Control Social, es puntual, reforma lo relativo a la coactiva para el cobro de las multas que se imponen por mandato de la Ley de Ordenamiento Territorial.

Es decir, da la posibilidad de que se puedan ejercer medidas precautelatorias respecto a las cuentas únicas del tesoro que se asignan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Modifica las infracciones leves, graves y muy graves; y, lo relativo al procedimiento y las sanciones. Tras la moción presentada por el asambleísta Diego García, la Comisión decidió tratar de manera independiente esta nueva propuesta de Ley.

Reformas al Cotad

Seguidamente, los legisladores avanzaron en el análisis de los artículos del Cootad, como paso previo a la elaboración del informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. La norma determina, entre otros aspectos, que el ejercicio de las competencias exclusivas, legales y residuales no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios de colaboración y entre los distintos niveles de gobierno.

Uno de los artículos que originó el debate fue el Sistema Nacional de Competencias. La legisladora Magda Zambrano explicó que la Constitución es clara al determinar las competencias de los GAD en los ámbitos educación y salud. Por tanto, ampliar las competencias requiere financiamiento.

Recordó que la Constitución determina con claridad que son competencias exclusivas del Estado central el orden público y las relaciones internacionales, criterio que fue compartido por el legislador Raúl Auquilla. Mientras que, la parlamentaria Wilma Andrade señaló que si bien la seguridad es competencia del Ejecutivo, el control del espacio público lo realizan también los GAD.

Para Diego García, el orden público y las relaciones internacionales son atribuciones del Ejecutivo por mandato constitucional. Por ello está en desacuerdo de descentralizar estas competencias. En tanto, Héctor Yépez considera que para tratar las competencias concurrentes se debería tener reuniones con alcaldes, prefectos y juntas parroquiales para analizar los problemas que se han suscitado durante la emergencia sanitaria.

En otro tema, el parlamentario Washington Paredes, presentó observaciones respecto a la integración del Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos y los requisitos para ocupar el cargo. Propone que uno de los integrantes sea el representante del presidente de la República, quien lo presidirá, que deberá ser residente permanente, demostrar que haya vivido y se encuentre domiciliado en Galápagos, por al menos cinco años continuos previo a su designación.

Los artículos pendientes de análisis serán abordados en una próxima ocasión, lo anunció el presidente de la mesa Héctor Yépez, al suspender la sesión.