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Quito.- (@srradioEc).- Con los votos a favor de los consejeros electorales Luis Verdesoto, Enrique Pita y José Cabrera, el Consejo Nacional Electoral (CNE), aprobó la reconsideración de la resolución que otorgó al movimiento Justicia Social plazos para que realice sus procesos electorales internos en provincias, para aceptar las pre candidaturas ante las Delegaciones Provinciales y oficinas Consulares y para realizar la inscripción formal.

Diana Atamaint, presidenta del CNE y la consejera electoral Esthela Acero se abstuvieron.

El consejero Luis Verdesoto, presentó la noche de este miércoles 11 de noviembre en la sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, número 32, la reconsideración a la Resolución PLE-CNE-3-5-11-2020 mediante la cual se otorgaban plazos adicionales para el cumplimiento de los procesos de democracia interna a la organización política Justicia Social, lista 11, vulnerándose la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral del 30 de octubre de 2020 y consagrándose el mecanismo irregular de utilización de una organización política.

En su intervención, Verdesoto sostuvo la necesidad de analizar cronológicamente los sucesos jurídicos y del calendario electoral, además de otras consideraciones legales en torno al movimiento Justicia Social.

Por ejemplo, la organización política cumplió con los plazos previstos en la normativa electoral.

Es así que entre el 9 y 23 de agosto realizó su proceso democracia interna, y hasta el 3 de septiembre la aceptación personalísima de sus precandidaturas, incluso inscribió varias de ellas (excepto en 9 provincias). Sin embargo, una vez que el Pleno del Organismo Electoral resolvió el 16 de septiembre de 2020, dejar sin efecto las resoluciones del 13 de octubre de 2017 y del 21 de febrero de 2020 que otorgaban y mantenían la personería jurídica de Justicia Social, las demás etapas a cumplir del calendario electoral quedaron suspendidas hasta el 6 de octubre de 2020, fecha en la que el Tribunal Contencioso Electoral, en sentencia de primera instancia, declaró la nulidad de la resolución del 16 de septiembre. Dicha sentencia se ratificó el 30 de octubre cuando el TCE rechazó la impugnación de la Presidenta del CNE.

En consecuencia, los procesos de democracia interna – en los términos en los que la organización Justicia Social los llevó a cabo – no se ven modificados. “Las circunstancias de una justa electoral, tornan irrepetibles a procesos que ya causaron efectos en espacios tan sensibles y sagrados como la voluntad popular”, señaló Verdesoto.

Sostuvo además que mantener la Resolución del 5 de noviembre no tiene sentido, pues vulnera la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral del 30 de octubre y por consiguiente, abona el camino para que esta organización política cuente con ventajas adicionales, no disfrutadas por otras, como la reiteración de su proceso de democracia interna o la posible inclusión de personas que sin formar parte de dicho proceso, podrían reemplazar a los candidatos que fueron elegidos al interior de ese movimiento.

De esta manera, Verdesoto argumentó que la Resolución del 5 de noviembre violenta el derecho a la equidad de oportunidades entre las organizaciones políticas y, por ende, a las condiciones justas de participación.

Asimismo, mostró su preocupación ante posibles irregularidades alertadas por la prensa, en las que se desentraña la intención de gestar o reemplazar candidaturas, originalmente aprobadas en democracia interna, con otras, con las que no existe ninguna ligazón ideológica o funcional previa. “El Consejo Nacional Electoral debe impedir que detrás de estos reemplazos de candidaturas haya el intercambio de recursos materiales o simbólicos”.

Agregó que la venta material o figurada de un partido político configura una acción inmoral y corrupta que va mucho más allá del valor material presumible o descubierto. “El intercambio de una plataforma para la participación política contra cualquier tipo de favores o bienes constituye un acto de corrupción despreciable en todas sus dimensiones”.

Los términos de la reconsideración propuesta por el consejero Luis Verdesoto y aprobada por el Pleno del CNE, respecto a la Resolución PLE-CNE-3-5-11-2020, son los siguientes:

  1. Respecto a las candidaturas provenientes de procesos concluidos de democracia interna y presentadas las solicitudes de inscripción: disponer a las Juntas Provinciales Electorales, Especial del Exterior, y, al Pleno del Consejo Nacional Electoral que tramiten la continuidad de los procesos de calificación de dichas candidaturas.
  2. Respecto a las candidaturas provenientes de procesos concluidos de democracia interna, sin presentación de las solicitudes de inscripción: otorgar un plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la resolución del Pleno del CNE para que presente la solicitud de inscripción de las candidaturas.
  3. Respecto a las provincias y circunscripciones donde no se realizó un proceso de democracia interna: tomando en cuenta que la Resolución de 16 de septiembre 2020, anulada por la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral de 30 de octubre de 2020, no impidió la celebración de dichos procesos a la organización Justicia Social, no será posible para la organización llevar a cabo nuevos procesos de democracia interna.
  4. Respecto a cualquier otra candidatura que no haya sido parte de los procesos de democracia interna de la organización política Justicia Social: no será posible inscribir sus candidaturas, puesto que no cumplen con el requisito constitucional de ser resultado de procesos de democracia interna, y la imposibilidad de realizar nuevos procesos de manera extemporánea (tomando en cuenta que las demás organizaciones políticas no han gozado de plazos suplementarios para ello).

“Mi deber como Consejero del Consejo Nacional Electoral exige velar por el permanente respeto a los pilares que sostienen el sistema electoral democrático. Y, mi concepción de una gestión responsable reclama el reconocimiento de errores, la voluntad de enmendar, la valentía de revisar posturas”, concluyó.