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Sectores no gubernamentales piden garantizar derechos de pueblos vulnerables

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Quito.- La Comisión de Biodiversidad se reunió con representantes de los Colectivos “Yasunidos”, “Geografía Crítica”, “Acción Ecológica” y “Al Día”, quienes expresaron su preocupación por la aplicación del Decreto Ejecutivo 751 que amplía la zona de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Pidieron garantizar los derechos de los pueblos vulnerables y en aislamiento voluntario, por tanto, que las políticas públicas estén orientadas a garantizar sus derechos consagrados en la Constitución y la Declaratoria de Interés Nacional, aprobada en el Parlamento en el 2013.

Así, Pedro Bermeo Vocero del Colectivo Yasunidos, mencionó que las reformas realizadas al decreto ejecutivo 751 son varias, pero la de mayor trascendencia es la establecida en el artículo 3 respecto de la prohibición para realizar obras o actividades incompatibles con la zona intangible. Este mencionado decreto permite construir plataformas de perforación y producción de hidrocarburos, generando problemas a pueblos que se encuentran en los alrededores de la zona de amortiguamiento.

Dijo que la Comisión de Biodiversidad es la encargada de vigilar que se cumpla la Declaratoria de Interés Nacional, más aún cuando en consulta popular se estableció que se debe cuidar el medio ambiente, la naturaleza y a los pueblos en aislamiento.

Recordó que la zona intangible de conservación de los grupos Waoranis, fue creada mediante decreto ejecutivo 552 en el año 1999, cuyo artículo 1 declara como zona intangible de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva. La delimitación de este territorio se lo realizó mediante decreto ejecutivo 2187 de 3 de enero de 2007, que prohíbe realizar en la zona de amortiguamiento nuevas obras de infraestructura tales como carreteras, centrales hidroeléctricas, centros de facilidades petroleras y otras obras que los estudios técnicos y de impacto ambiental juzguen incompatibles con el objeto de la zona intangible. El decreto ejecutivo 751, reforma el artículo 3 del decreto 2187, agregó.

Hay que considerar que los pueblos en aislamiento voluntario no tienen una cultura de sedentarismo, sino por el contrario, su modo de vida se basa en el constante movimiento de sus asentamientos. De allí que a pesar de tener identificado un polígono en el que se encuentran, dicha estadía es variable, añadió. Mencionó que con el decreto ejecutivo 751, por cada hectárea que se amplía en la zona de amortiguamiento, se afecta siete hectáreas, es decir, 396 mil hectáreas en total.

De su lado, Manuel Bayón, del Colectivo Geografía Critica, fue enfático al subrayar que el decreto ejecutivo 751 incumple la Declaratoria de Interés Nacional que establece que no se puede explotar en una extensión no mayor al uno por mil de la superficie actual del Parque Nacional Yasuní, con el propósito de cumplir con los deberes primordiales del Estado que son: garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, en el proceso de la actividad extractiva.

Destacó que la zona o extensión en que viven los pueblos en aislamiento voluntario no puede rebajarse. De allí la importancia que la Comisión de Biodiversidad realice las investigaciones del caso para que se cumpla con la Declaratoria que establece precautelar los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, especialmente de los que se encuentran en aislamiento voluntario, los derechos de la naturaleza, conservación y uso sustentable de la biodiversidad.

En cambio, Esperanza Martínez, del Colectivo Acción Ecológica, recordó que en la consulta popular de 2008, el pueblo determinó la protección del medio ambiente, así como de los pueblos en aislamiento voluntario y reducir el área de explotación petrolera. Con el decreto ejecutivo 751, se incumple todos estos aspectos, además que se permiten nuevas exploraciones petroleras, lo cual genera graves problemas de violación de derechos humanos, razón por la cual anunció que se recogen firmas para declarar la inconstitucionalidad de dicho decreto.

Mientras que el antropólogo Roberto Narváez, del colectivo “Al día”, mencionó que no se puede reducir el área de amortiguamiento ya que existen grupos familiares que no sólo son Waoranis, por ello, planteó la necesidad de que los parlamentarios cuiden a este grupo de personas que se mueven de un lugar para otro en busca de sustento, subsistencia y sobrevivencia. Dijo que es necesario entender la importancia de lo que significa la territorialidad que utilizan estos pueblos. El decreto les afecta por lo que se estaría incurriendo en la figura de genocido y etnocidio. Pidió que las políticas públicas estén orientadas a garantizar los derechos de los pueblos y nacionalidades y en aislamiento voluntario.

El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano y los miembros del organismo legislativo indicaron que el proceso de fiscalización que llevan adelante es justamente para defender los derechos de pueblos y nacionalidades, pueblos no contactados, de la naturaleza. En este sentido manifestó que los próximos días están convocados los ministros de Ambiente y de Recursos Naturales no Renovables para que expliquen el alcance del decreto y las razones que motivó su aplicación.

De allí la necesidad de convocar a sectores no gubernamentales, técnicos especialistas en normas de explotación y exploración y otros sectores para que expongan sus observaciones.

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