Quito.- (Andes) – Respecto a la decisión del gobierno de debitar 41 millones de dólares que el Estado pagó de más al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), el secretario Jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera, cuestionó que ciertos actores políticos pretendan convertir un aspecto administrativo y técnico en un tema político para inquietar a las Fuerzas Armadas y “crear zozobra”.
Mera se refirió al dictamen de la Procuraduría del Estado que pidió la revisión del contrato por la compra de 66 hectáreas que realizó el Estado al ISSFA, en 2010, por un monto de 48 millones de dólares cuando -según un avalúo del Municipio de Guayaquil- están valorados en 7,3 millones de dólares.
En ese informe se pide que se reviertan los 41 millones de dólares al Ministerio de Ambiente lo cual generó el rechazo de la anterior cúpula militar, que fue cesada el viernes pasado por el presidente Rafael Correa. El tema ha sido aprovechado por militares en retiro, muchos en la política activa, para convocar a manifestaciones en contra del gobierno.
El secretario Jurídico de la Presidencia dijo a periodistas que una vez conocido el caso, meses atrás, él pidió que se rectifique el tema e incluso envió cartas para evitar que se glose a funcionarios del Estado e incluso a los propios directivos del ISSFA, encontrando reticencias. Addemás, reveló que una vez conocida la irregularidad en el contrato junto con el ISSFFA se convino acudir a la Procuraduría para que determine el camino a seguir.
“Hace mucho tiempo habíamos detectado una violación a la ley, en el contrato, y que se había pagado 40 millones (41 millones) de más; yo había mandado cartas reiteradamente pidiendo que se rectifique. Lo que ha hecho el Procurador es reiterar lo que ya todos sabemos: que hubo una ilegalidad manifiesta en la compra venta (de los terrenos”, sostuvo.
Mera dijo que más allá de las disquisiciones jurídicas, el tema pretende ser aprovechado con fines políticos por personajes como Andrés Páez (legislador de oposición); Mario Pazmiño (exjefe de Inteligencia que fue echado del gobierno al descubrirse su presunta vinculación con la CIA) y Fausto Cobo (exfuncionario del gobierno de Lucio Gutiérrez y actual colaborador del banquero Guillermo Lasso – precandidato a la Presidencia de la República).
“Cuando salen Pazmiño, (el exgeneral del Ejército, Paco) Moncayo y Cobo, sabemos que lo que pretenden es azuzar a las Fuerzas Armadas pretendiendo decirles que se afectan sus pensiones”, manifestó y añadió que el Estado debe garantizar el pago de las pensiones.
La Constitución de la República (impulsada por el gobierno del presidente Correa) establece que el Estado garantizará las pensiones. De hecho, casi el ochenta por ciento de las pensiones del ISSFA son financiadas por el Estado, que en los últimos nueve años desembolsó alrededor de 2.600 millones de dólares por ese rubro.
“El tema no es económico, es un tema de principios. Nosotros no podemos permitir que haya una venta tan sobrepreciada como esa entre instituciones del Estado y eso lo vamos a evitar (…) el tema de los 40 millones (41 millones) es un pretexto que coge (toma) la oposición política para salir a las calles, para azuzar y engañar al personal de tropa, que es lo más grave”, recalcó.
Alexis Mera dijo que el informe del Procurador es vinculante y que esperarán también los resultados del examen especial que el Contralor del Estado, Carlos Pólit, anunció al contrato de compra-venta de los terrenos de Los Samanes, que durará 45 días.
Sostuvo que no cabe sostener que el contrato prescribió porque eso significaría devolver las cosas a su estado anterior, es decir, ejemplificó, el gobierno tendría que “devolver las canchas a los militares y que ellos devuelvan los 48 millones, eso es absurdo”.
Indicó que las divergencias entre instancias del sector público se pueden resolver internamente.
