Política

Se suman propuestas para crear un sistema que evalúe las leyes antes y después de su creación

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Quito.- La propuesta para crear un sistema o una unidad que haga un estudio antes y después de la creación de una Ley, es decir, que determine si existe la necesidad de tramitar una norma y, cuando entre en vigencia, si se está aplicando de manera correcta y beneficia a la ciudadanía, toma fuerza. El asambleísta Fernando Burbano acudió con este planteamiento a la Comisión de Justicia, donde se analizan las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En la mesa, un criterio similar lo propuso, días atrás, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas Guerrero, mientras que el vicepresidente de Justicia, Franklin Samaniego, sumó la idea de que la evaluación de la leyes tenga varios segmentos de medición, como el impacto económico, social, cultural, institucional, entre otros. A ello, Burbano planteó implementar una metodología que establezca indicadores, puesto que los objetivos deberían ser cuantificables.

Otra de las sugerencias se orienta a que el Parlamento cuente con un centro de estudios legislativos que no sea para evaluar el presupuesto general del Estado, sino que se convierta en una suerte de pensamiento propio. “Muchos de nosotros nos hemos encontrado con que la única fuente de consulta es el Ejecutivo y lo que se busca es tener otros insumos”, explicó.

La creación de una unidad para la evaluación del presupuesto del Estado fue bien vista por Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, quien también acudió a la Comisión. Su propuesta se centró en la pertinencia de crear planes de parlamento abierto, cuyo eje central es la participación ciudadana, transparencia, acceso a la información, ética y probidad. En ese sentido, propuso que la información que disponga esta unidad esté al alcance de toda la ciudadanía.

En cuanto a la participación, dijo estar de acuerdo en la necesidad de evaluar la creación de leyes, pero considera que se debe incluir a otros actores como la academia y, además, garantizar la inclusión de las organizaciones sociales en la construcción normativa. Así mismo, manifestó que la participación debe extenderse al territorio, aprovechando la tecnología y las casas legislativas.

Sobre fiscalización, pidió que se ponga a disposición de la ciudadanía información sobre los proceso de juicio político que se llevan adelante, que se establezca la facultad de los parlamentarios de solicitar información a las autoridades de manera directa y que se mantenga un registro público con acceso a la ciudadanía. También, que los legisladores publiquen su agenda de trabajo.

Otras propuestas

Fernando Burbano, asambleísta nacional, planteó que se defina con claridad las funciones de las comisiones ocasionales, que la Unidad de Técnica Legislativa sea fortalecida, que el Consejo de Administración Legislativa se centre en su rol de administrador y promover una cultura de diálogo, entre otros cambios.

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