Se aprueba informe para primer debate de reformas a Ley de Comunicación

Quito.- Luego de un amplio proceso de debate y recibir aportes de varios actores y sectores, la Comisión de Derechos Colectivos aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, que tiene por objetivo desarrollar, proteger, promover, garantizar, regular y fomentar el ejercicio de los derechos a la comunicación, establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la Constitución.

Según la propuesta, se elimina la Superintendencia de la Información y Comunicación en el plazo máximo de 180 días, desde la publicación de la ley en el Registro Oficial. Los derechos y obligaciones, constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales, que les correspondían a esta entidad, serán asumidos por la Defensoría del Pueblo o el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación de acuerdo con sus atribuciones.

Esta ley no regulará la información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por infracciones a otras leyes que se cometan a través de internet.

Se precisa que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Se prohíbe la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio o anunciante que en ejercicio de sus funciones apruebe, desapruebe o vete los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación.

También incorpora un artículo innumerado sobre la reparación integral. Prevé que en caso de vulneración de los derechos de la comunicación, se establecerán mecanismos de reparación integral que restituya al estado anterior de los hechos y satisfaga al ofendido. Para ello, se fija como mecanismos: capacitaciones, talleres o campañas educativas dirigidas a los trabajadores de la comunicación y disculpas públicas.

El proyecto protege a los trabajadores de la comunicación y sus familias, para lo cual el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, elaborará y coordinará con las instituciones respectivas, políticas públicas, protocolos, proyectos, planes y programas.

Se entiende por actividades de riesgo los hechos relacionados con producción, tráfico, transporte, almacenamiento o comercialización de estupefacientes, contrabando de mercaderías, trata de personas y corrupción.

El proyecto determina que los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montuvios tienen derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes.

Prevé, además, que la adjudicación de concesiones o autorizaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación es potestad exclusiva de la autoridad de telecomunicaciones y hará bajo las siguientes modalidades: adjudicación directa de autorización de frecuencias para los medios públicos, para pueblos y nacionalidades; y, concurso público, abierto y transparente para los medios privados y comunitarios.

En torno a la integración del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, estará integrado por un representante de la Función Ejecutiva, quien lo presidirá y contará con voto dirimente; un representante de la Función de Transparencia y Control Social; uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; uno de las Universidades que mantengan una carrera de Comunicación; uno de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas; uno de las organizaciones de los pueblos afroecuatorianos; y, un representante de las organizaciones de pueblos montubios, todos con voz y voto.

En cuanto a la contratación de servicios de publicidad y propaganda, dispone que los medios locales y regionales participarán con al menos el 10 %, mientras que los medios comunitarios con al menos el 20 % en la contratación de la publicidad y propaganda de la actividad de difusión publicitaria de cada institución pública de conformidad con la estrategia comunicacional institucional.