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Sala Penal rechaza pedido de revocar prisión preventiva solicitado por María Sol L.

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Quito (Pichincha).- María Sol L. continuará en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato. La Sala Penal –conformada por los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha– ratificó la prisión preventiva de la procesada, por su presunta participación en el delito de lavado de activos, con base en la argumentación de la Fiscalía General del Estado.

Por unanimidad, los jueces consideraron que existe riesgo de fuga y que Fiscalía “justificó la necesidad de la medida de prisión preventiva”, precisó el juez ponente, Carlos Figueroa, durante el anuncio de la resolución. Agregó que fue detenida en el aeropuerto en agosto de 2017, lo que constituye un indicio del peligro de fuga, según el parte policial expuesto por la Fiscalía; y que, además, es investigada y procesada en otros casos.

Los elementos de convicción expuestos por el fiscal de Antilavado de Activos, Mario Muñoz, desvirtuaron la afirmación de la defensa técnica de María Sol L., que intentó obtener medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, al sostener que Fiscalía formuló cargos el pasado 2 de diciembre de 2019 “sin elementos de convicción que la relacionen en el delito de lavado de activos”.

El fiscal Muñoz detalló los elementos de convicción con los que se inició la instrucción fiscal de este caso, mismos que dan cuenta de que la procesada y los hermanos Marcelo y Carlos E. (esposo y cuñado, también procesados en esta causa) habrían sido parte de la conformación de compañías y en la adquisición de acciones en empresas constituidas en el sector salud.

Supuestamente registraron contratos por cerca de 35,6 millones de dólares y el principal cliente habría sido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), seguido por las coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública. Los contratos se habrían suscrito y ejecutado en el periodo de investigación, tiempo en que la procesada ocupó altos cargos públicos.

Los jueces también concluyeron que existiría un riesgo de obstaculización de la justicia en este caso, cuya investigación previa se abrió el 2 de febrero de 2018. Esto, porque entre 2017 y 2019 –mientras cumplía las penas privativas de la libertad por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias– donó 700.000 dólares a favor de su hija, cedió derechos de una cuenta por cobrar por 600.000 dólares, transfirió acciones en favor de su cuñado e hizo otras donaciones y transferencias de bienes muebles e inmuebles que estaban en investigación.

Otros investigados

Esta investigación fiscal involucra al esposo y cuñado de la apelante, Marcelo E. y Carlos E. (respectivamente), así como a seis empresas del sector de la salud, procesadas como personas jurídicas. Fiscalía les imputó cargos penales en la audiencia de formulación, desarrollada el 2 de diciembre de 2019.

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