Régimen económico fiscalizará proceso de optimización y planificación del Estado
Quito.- Con 67 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió que la Comisión de Régimen Económico y Tributario se encargue de fiscalizar las medidas a implementarse en el proceso de optimización y planificación del Estado, en virtud de que el pasado 24 de junio, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y los Ministerios de Finanzas y de Trabajo, firmaron un acuerdo interinstitucional para expedir las directrices sobre la reorganización de la presencia institucional en territorio y la reestructura orgánica de la administración pública central.
A través del proyecto, los parlamentarios expresan su preocupación y compromiso para que las medidas a implementarse en este proceso, garanticen derechos laborales y el cumplimiento del objetivo de desconcentrar la prestación eficiente y eficaz de servicios públicos, en especial aquellos dirigidos a sectores sociales.
Los comisionados de Régimen Económico, deberán convocar a Sandra Argotty, delegada del Secretario General de la Presidencia de la República por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, para que informe los criterios de planificación y ejecución de todas la medidas que se analizan para la implementación de directrices y políticas en el fortalecimiento del proceso de optimización del Estado y de planificación nacional.
Efectuarán seguimiento y control político para que la ciudadanía, representada en este Parlamento, tenga la certeza y tranquilidad de contar con la gestión de un Estado eficiente, eficaz, al servicio de las grandes mayorías.
En el debate, el legislador Rubén Bustamante autor del proyecto explicó que su propuesta está orientada a asegurar que el Plan de Descentralización de la Administración Pública en territorio respete los derechos laborales.
La parlamentaria Doris Soliz indicó que la normativa constitucional obliga a generar un Estado descentralizado y desconcentrado; para ello prevé una organización territorial en regiones, provincias, cantones y parroquias. Es necesario que el Gobierno informe qué cargos hay y cuántos de ellos serán suprimidos, así como qué procesos serán eliminados y cuáles serán descentralizados.
Mientras que Ángel Sinmaleza, dijo estar de acuerdo que se mejore la administración pública con servicios inmediatos, oportunos, simplificados y transparentes que optimicen el gasto público, no acepta que se quiera centralizarla. Deben comparecer las autoridades y responder sobre el número de desvinculados, qué medidas y planes de contingencia ha previsto el Estado para los despidos, agregó.
De su lado, la legisladora Mercedes Serrano precisó que la descentralización administrativa del Estado debe ser legal, equitativa y justa para todos los ecuatorianos. En cambio, el asambleísta Fernando Callejas enfatizó que el país no puede mantener la gran carga burocrática por ello manifestó que hay que reducir las instituciones ineficientes.
En cambio, Pabel Muñoz opinó que el proyecto gubernamental debe ser materia de debate en la Asamblea Nacional, con las respectivas autoridades. La legisladora Ximena Peña precisó que el debate debe enfocarse en cómo lograr la verdadera eficiencia del Estado, antes de hablar sobre el tamaño del mismo.
