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Raúl Tello sustentó sus pruebas de cargo en contra del Superintendente de Bancos

Raúl Tello sustentó sus pruebas de cargo en contra del Superintendente de Bancos
junio 27
22:10 2018
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Quito.- La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió este miércoles las pruebas de cargo del asambleísta Raúl Tello, dentro de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Christian Cruz, superintendente de Bancos, por incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la ley.

El representante de la provincia de Pastaza subrayó que el titular del organismo de control del sistema financiero violó de manera sistemática la ley, en perjuicio de los afiliados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. Igualmente, dijo, omitió sus obligaciones de control en torno a la banca pública, como en el caso del Banco Central del Ecuador.

Dentro de su exposición, citó las normas legales que facultan al Superintendente de Bancos a ejercer el control del sistema financiero y de la materia de seguros, dentro de esta, los servicios que prestan las instituciones públicas y privadas de seguridad social.

En este ámbito, Tello Benalcázar aseguró que el superintendente Cruz no ejerció el control, ni la facultad de sanción frente a la pretensión del expresidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, de negar y eliminar de la contabilidad del instituto asegurador la deuda que por 2.527 millones mantenía el Estado por atención médica.

Recordó que el 13 de octubre de 2017, precisamente por este tema, la Contraloría General del Estado notificó el incumplimiento de funciones del presidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa y, por tato, su destitución.

Así mismo, acusó al Superintendente de Bancos de haber omitido su obligación de exigir de las autoridades del IESS presenten semestralmente los estados financieros y los balances de la entidad, tampoco observó las decisiones relacionadas con la transferencia de recursos de un fondo a otro, en perjuicio de los asegurados, tema que alarmó a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, pues se podría poner en riesgo la sostenibilidad de dichos fondos.

Fondos de pensiones

La Comisión recibió, como pruebas de oficio, las versiones de Elíseo García Gómez, partícipe del Fondo de Cesantía de la Función Judicial; de Jorge Escala, de la Coordinadora en Defensa de la Seguridad Social-Guayas; y, Marlon Tenecela, del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, quienes cuestionaron los pasos que se dieron para el traspaso de los fondos previsionales cerrados privados para que sean administrados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Biess.

Jorge Escala subrayó que hay motivos suficientes, no solo para que el Superintendente de Bancos sea censurado y destituido, sino que desde los fondos de pensiones se sigan las acciones penales, ya que fue un instrumento del anterior gobierno para quebrar el seguro de salud en 2015, con Richard Espinosa como presidente del Consejo Directivo del IESS. “El Superintendente de Bancos debía tomar acciones para sancionar a los responsables”, dijo.

Indicó que seis de los 54 fondos previsionales cerrados que fueron transferidos al Biess, ahora están en liquidación, debido a la mala gestión de sus actuales administradores. Solo en el caso del Fondo del Magisterio, de la cartera vencida de cinco millones de dólares, se ha aumentado a siete millones, señaló.

Comparecencias pendientes

Dadas las excusas presentadas por el ministro de Finanzas, Richard Martínez y por el presidente del Consejo Directivo del IESS, Manolo Rodas, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, fijó como nueva fecha para recibirles el próximo lunes, 2 de julio, a las 15h00.

Así mismo, en torno a las denuncias presentadas por los representantes de los fondos previsionales cerrados de la Función Judicial y del Magisterio, la legisladora se comprometió a considerar esos temas luego que concluya la sustanciación del pedido de juicio político a Christian Cruz, superintendente de Bancos, de manera que se pueda ejercer un control adecuado e independiente de la gestión de las autoridades públicas vinculadas con la administración de dichos sistemas de ahorro complementario.

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