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Proyecto urgente pasó primer debate en la Asamblea

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Quito.- Con la intervención de 42 parlamentarios de las diferentes bancadas políticas se cerró el primer debate del proyecto para el Fomento Productivo, que es de tratamiento urgente. Ahora la Comisión del Desarrollo Económico procesará las observaciones que se plantearon en el salón Nela Martínez.

Ese trabajo lo empezará inmediatamente. Su presidente, Esteban Albornoz, convocó a sesión para este miércoles, 13 de junio, a las 09:00, para analizar los criterios de los parlamentarios y otros que continúan llegando desde varios sectores, cuyos insumos servirán para construir el informe para segundo debate.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al tratarse de un proyecto urgente, en materia económica, una vez cerrada la primera discusión, la mesa parlamentaria tiene cuatro días para presentar el informe para segundo debate. De ahí, en 48:00 la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, deberá convocar al Pleno para que apruebe, modifique o niegue el proyecto.

La remisión de intereses para deudas tributarias, aduaneras y otras fue uno de los temas que enfrentó a quienes defienden y cuestionan el proyecto. Estos últimos creen que antes de darles estas ventajas a la empresa se debe analizar si es el momento adecuado, en una economía en crecimiento.

De la otra orilla, consideran que es una buena opción para dar liquidez al Estado, pues más se gana con el pago de capitales, que con el sacrificio de la remisión.

Eso sí, dejaron sentado que no se debe afectar los derechos de los trabajadores, en sus utilidades; que debe haber un candado para que quienes se hayan beneficiado o se beneficien de esta figura jurídica no lo puedan volver hacer; que se extienda a otros sectores como el artesano, agricultor, comerciantes minoristas, que tienen deudas con la banca pública; y que se fije un tope, cuando son remisiones para deudas por servicios públicos, como en el sector eléctrico.

Esas propuestas las realizaron Cristina Reyes, Viviana Bonilla, Montgómery Sánchez y Wilma Andrade.

En cambio, uno de los temas en los que confluyó la mayoría fue en la defensa del sector agrícola. Para ellos plantearon la remisión de intereses multas y recargos de sus deudas públicas e, incluso, Kharla Chávez pidió que se les perdone las multas de las sentencias ejecutoriadas con la Ley de Aguas.

Que no haya exclusión de nadie exhortó Marcia Arregui y que se atienda a los más débiles exigió Verónica Guevara, en el momento de defender a quienes se dedican a la agricultura. Hicieron referencia a factores externos, como el clima, que perjudica sus cultivos y no pueden pagar sus deudas.

En el debate, además de resaltar los beneficios para la inversión, generación de empleo y estabilización fiscal, se habló de la necesidad de establecer una seguridad jurídica para el inversor, revisar los Tratados Bilaterales de Inversión y que se proteja los recursos del Seguro Social. Esto último, tomando en cuenta que el proyecto establece la prohibición de que el Banco Central adquiera títulos y obligaciones emitidas por el Ministerio de Finanzas.

Desde la Amazónía, Henry Moreno mostró su preocupación con la creación de un fondo de estabilización con los excedentes de la venta del petróleo. Recordó que con la Ley Amazónica se dispone la constitución de un Fondo Amazónico, también con recursos del petróleo y pidió que no se afecte los derechos de esta región.

Para el sector privado, Viviana Bonilla pidió una contraparte, por ejemplo, que incremente la contratación de empleo para jóvenes y mayores de 40 años, mientras que para el sector financiero sugirió que se le prohíba cobrar las transacciones interbancarias.

También planteó que se determine un mecanismo que permita controlar que el beneficio de la devolución del IVA a servicios para la construcción de vivienda social sea para este tipo de soluciones habitacionales y no se desvié a otros proyectos.

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