Política

Proyecto de Ley para presentación de Declaraciones Patrimoniales mejora transparencia

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Quito.- La Comisión de Participación Ciudadana acelera la discusión del proyecto de Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas. El presidente de la mesa, Fabián Solano, dijo que esperan que para fines de este mes esté listo el informe para primer debate. Por ahora citó al contralor general del Estado, Carlos Pólit, para que explique el contenido de esta iniciativa y responda algunas inquietudes de los legisladores.

La conclusión casi generalizada de los asambleístas es que este cuerpo legal es necesario para entregar nuevas herramientas que ayuden a mejorar los procesos de transparencia y dar una respuesta a los servidores públicos, en cuanto a ahorro de recursos económicos y tramitología. Sin embargo, consideraron que el proyecto requiere de algunas precisiones y perfeccionamientos, para garantizar el debido proceso y el derecho de las personas a la presunción de inocencia. El Contralor dijo que está de acuerdo con que el texto requiere mejoras y manifestó su predisposición a discutir estos temas.

La iniciativa tiene como propósito actualizar la normativa para la presentación y control de las declaraciones patrimoniales juradas, para facilitar su elaboración, registro y examen. El cambio fundamental es que el proceso se lo hará en un formulario electrónico, mediante la página web de la Contraloría, sin necesidad de que sea elevada a escritura pública, como sucede en la actualidad. El texto, en su artículo 11, dice que se adoptarán todas las acciones para que la información se mantenga segura.

De acuerdo con la presentación de Pólit las escrituras públicas iniciales, finales y periódicas se archivan en cajas de retención de documentos, debidamente codificadas. En la matriz de la institución existen hasta hoy 1 400 cajas con declaraciones patrimoniales y en provincias 3 500 más. Se estima que en 10 años se deberá incrementar 7 000 mil baúles adicionales para unos 3 millones 500 mil documentos. Así, Pólit dijo que la intención del proyecto, aparte de facilitar el control y la presentación de los descargos, es mantener únicamente archivos digitales.

Con este sistema, en la normativa también se establece la participación de las Unidades de Talento Humano de las entidades. Determina que estas en los 10 primeros días de cada mes remitirán a la CGE el detalle de los nombramientos, contratos celebrados y cese de funcionarios el mes inmediato anterior. Así mismo, en cuanto a la obligación de entregar información para la confrontación y examen de las declaraciones patrimoniales se reduce el plazo de 60 a 30 días.

La propuesta también incluye nuevos rubros que deben registrarse en el formulario, entre ellos se encuentran los derechos fiduciarios, derechos por herencia, de usufructo, depósitos en fondos complementarios previsionales. La novedad en este proyecto es que estarán obligados a declarar no solo los ciudadanos elegidos por votación popular; quienes a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan cargos en el sector público, sino también entidades de derecho privado con participación mayoritaria de recursos públicos.

Sobre este último punto, la asambleísta Johana Cedeño plateó que este ejercicio lo hagan no solo las instituciones privadas en donde exista participación mayoritaria de recursos públicos, sino todas las que se financien total o parcialmente con fondos públicos. Al igual que la asambleísta Mónica Brito, Johana Cedeño pidió que se aclaren algunos términos que quedarían a una interpretación de libre discrecionalidad.

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