Proyecto de Ley de Tierras genera seguridad jurídica y buen manejo del suelo

Quito.- El proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales generó un amplio debate en la sesión No. 311 del Pleno de la Asamblea Nacional. Los parlamentarios señalaron que es un tema sensible pero a la vez esperado por años, ya que permitirá crear mecanismos para alcanzar el buen vivir y garantiza la producción en el país y protege la tierra.

Señalaron que es necesario un marco jurídico actualizado, para regular el proceso de adjudicación y titularización de tierras y territorios ancestrales y destacaron la importancia de crear del fondo de tierras. Dijeron que la redistribución de la tierra debe ser una prioridad, así como el ordenamiento de la producción agraria y lineamientos de la producción agraria.

César Umaginga señaló que cuando se habla de la redistribución de tierras también se debe considerar el ambiente y el control de la contaminación del agua. Hoy estamos poniendo en debate la distribución, no el acaparamiento de tierras, por tanto, hay que definir una política de redistribución de las tierras, subrayó.

Por su parte el legislador Nelson Serrano expresó que la normativa beneficia al desarrollo del país y asegura la soberanía alimentaria. La parlamentaria Rosa Elvira Muñoz, dijo que la consulta prelegislativa es de vital importancia porque en territorio se recogerá el sentir de la gente para preparar un documento acorde con la realidad de cada sector del país.

Mientras que el legislador Oswaldo Larriva manifestó que la Ley de Tierras a más de importante, es muy esperada por la ciudadanía. El legislador Patricio Donoso dijo que en el proyecto deben constar incentivos para los agricultores.

En cambio, el parlamentario Virgilio Hernández manifestó que la tierra es un medio de vida y un recurso estratégico del Estado. Pidió aclarar el tema de zonas de desarrollo agrario y la regularización, la redistribución de la tierra considerando la función social y ambiental.

Carlos Bergmann aseveró que “tenemos una deuda histórica con este sector social y por ello se trata de crear el marco jurídico que permita al sector rural incorporarse al desarrollo nacional y productivo del país.

Ricardo Zambrano resaltó los alcances del Fondo Nacional de Tierras y que se debe garantizar el acceso a la tierra rural. Recordó que la normativa prohíbe el latifundio y la concentración de tierras y que la consulta prelegislativa es un mecanismo sustancial de participación ciudadana para el empoderamiento de la ley.

En cambio, el legislador Luis Fernando Torres advirtió que a partir del artículo 82 del proyecto se genera una incertidumbre jurídica, a la vez que señaló que está de acuerdo con la intervención de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en el tema de concentración de tierras.

La legisladora Vanesa Fajardo pidió que en la normativa se considere a las comunas. Puso como ejemplo a Santa Elena que tiene 69 comunas en la zona rural, que representan el 80% del territorio. Aseguró que a través de la propuesta legal no se pretende confiscar la tierra ni dejar de reconocer la propiedad de la misma.

La segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, sugirió que en el tema de función ambiental se tome en cuenta la diversidad cultural e igualdad de oportunidades. Propuso generar incentivos para las zonas ambientales frágiles para que la gente las proteja. En torno a las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el caso de la expansión de la frontera agrícola, dijo que le genera preocupación cuando un municipio sin un plan de ordenamiento territorial amplíe las fronteras urbanas a zonas rurales de vocación agrícola, lo cual pone en riesgo no solo el futuro de las próximas generaciones, sino también la soberanía alimentaria de nuestro país, por lo que es necesario incluir una sanción en caso de incumplimiento.

La asambleísta Elvia Ponce expresó que es necesario aclarar cómo recuperar el suelo para mejorar el cultivo; pidió limitar a las empresas privadas extranjeras la adquisición de predios, como el caso de las florícolas en la provincia del Azuay; mientras que el parlamentario Gozoso Andrade pidió que se apoye a los productores agropecuarios con créditos beneficiosos y políticas eficientes.

Fabián Solano planteó que la Autoridad Agraria Nacional establezca los requisitos para que los minifundios cumplan la función social y ambiental, dependiendo de factores como tipo de suelo, clima, altitud.

El asambleísta Mauro Andino sostuvo que la revolución agraria involucra a todos los ecuatorianos para desarrollar la seguridad y soberanía alimentaria, consagrada en la Constitución, por tanto a través de la normativa se promueve el impulso a la producción agrícola limpia, la construcción de infraestructura rural, el incentivo a la producción y la generación de políticas e instrumentos que garanticen la promoción de la agroexportación y, de esta manera avanzar hacia el cambio de la matriz productiva.

Por su parte, el parlamentario, Richard Calderón indicó que la ley de Tierras crea reglas claras para el buen manejo del suelo y que no interfiere en las decisiones y gestión de los gobiernos autónomos descentralizados