Quito.- El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, asambleísta Miguel Carvajal, anunció que esta semana se podría remitir a la Secretaría del Legislativo el informe para primer debate del proyecto de Ley de Tierras.
Hoy, estamos concluyendo algunos detalles relativos a la incorporación de varias observaciones y sugerencias recibidas durante el proceso de socialización, que incluyó nueve reuniones nacionales. Todavía nos han hecho llegar esta semana algunos comentarios, que implican ajustes que, obviamente, tienen que mantenerse en coherencia con el texto y la normatividad vigente, agregó.
Las inquietudes se refieren a la institucionalidad, además qué hacer con extranjeros que quieren comprar tierras en el país o las empresas públicas extranjeras que quieren comprar tierras en el país. Por tanto, la idea es cómo normar y regular aquello, en circunstancias en que el Ecuador tiene una frontera agrícola que se ha mantenido casi invariable en los últimos 20 y 30 años, lo que es una muestra de que no hay mucho espacio para la expansión agrícola que no sea a través de inversión, por ejemplo, en riesgo.
Mencionó la creación del Fondo Nacional de Tierras, que en su opinión, debería ser manejado por una institución bancaria nacional pública, ya sea el Banco Nacional de Fomento, Banco del Pacífico o el Banco de Desarrollo que se cree
Es decir, continuó, estamos buscando esa alternativa; lo importante es que el Fondo permita el acceso, la compra de tierras para campesinos que no tengan tierras o que tienen tierras de muy mala calidad, al citar el caso de comuneros de la Costa y de la Sierra que poseen tierras que no tienen riego o capacidad productiva.
A título personal, consideró que es necesario implementar una consulta prelegislativa, aunque la ley consolida derechos colectivos: el derecho colectivo de acceso al territorio o a la tierra comunal. Hay una afectación positiva de derechos colectivos, agregó.
Argumentó que la normativa determina una medida para la redistribución de tierras, que es la unidad productiva familiar, que definirá cuántas hectáreas son suficientes para que la familia pueda desarrollar actividades, trabajar y obtener ingresos, al menos, de dos salarios mínimos.
