Política

Procurador Diego García: Hubo exceso de poder en fallo de Ciadi

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Quito.- (Diario ELUNIVERSO).- Tres serán las argumentaciones jurídicas que sustentarán el pedido de anulación de la ejecución del fallo dictado por el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que obliga al Ecuador a pagar $ 1.769 millones (más los respectivos intereses) a la petrolera Occidental (Oxy), que operaba el Bloque 15.

La compañía interpuso esa demanda una vez que el gobierno de Alfredo Palacio dispuso, en mayo del 2006, la caducidad de su contrato de participación por no informar a las autoridades sobre un traspaso de sus acciones a terceros.

Tales argumentos se refieren a las supuestas violaciones cometidas por el Tribunal al aplicar sus competencias con el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos y la ley ecuatoriana.

El procurador general del Estado, Diego García, señaló que la defensa del país alegará un manifiesto exceso de poder en el ejercicio de las competencias del Tribunal Arbitral, una ausencia de motivación al tomar sus decisiones y una violación de las reglas fundamentales de procedimiento.

Los argumentos también tomarán en cuenta el voto de minoría (dos contra uno) expedido por la jueza Brigitte Stern, quien consideró que debió aplicarse la Ley 42-2006, que implicaba una participación del Ecuador en el 50% de ganancias, lo cual reducía el monto de la cuantificación de los daños fijados por el Tribunal.

Ella señaló: “Si bien comparto (…) que la demandada actuó de manera desproporcionada (…), discrepo profundamente con el cálculo de daños”.

García agregó que el Tribunal falló a favor de la Oxy tomando en cuenta el 100% de los derechos del contrato de participación de la petrolera cuando esta solo tenía el 60% ya que el resto lo traspasó a Alberta Energy Corporation (AEC).

Aunque la presentación del pedido de anulación deja en suspenso la sentencia del Ciadi, los intereses seguirán acumulándose por los próximos uno o dos años que, según García, se tardará la Comisión en resolver el pedido de anulación que planteará Ecuador.

García dijo estar optimista por la acogida que reciba el pedido de la Procuraduría en el Comité de Anulación que deberá conformar el Ciadi.

Esperamos, dijo García, que “el Ciadi integre el Tribunal con expertos en derecho internacional que no tengan intereses en conflicto con los de las partes… que no generen una duda sobre sus decisiones, porque las tomadas por el Tribunal en este caso afectan a la credibilidad del arbitraje internacional”.

La demanda de anulación será planteada dentro de los 120 días que les otorga la legislación internacional.

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