Política

Presidente de la Comisión de Justicia explicó el informe técnico sobre la parte legal del pedido de explotación en los bloques 31 y 43

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Quito.- En la Comisión de Biodiversidad, el asambleísta Mauro Andino Reinoso, presidente de la Mesa de Justicia y Estructura del Estado, explicó que el informe se sustenta en los artículos 407 y 57 de la Constitución, previniendo medidas necesarias para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario y de los derechos de la naturaleza.

Dijo que la Comisión de Justicia preparó su informe sobre la base de los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde determinan que en la zona no existen pueblos en aislamiento voluntario.

En el informe se establece que si en cualquiera de las etapas de las actividades extractivas se constatará la presencia de pueblos en aislamiento voluntario el Estado tiene la obligación de garantizar y hacer efectivos los derechos de dichos pueblos a través de la suspensión de las actividades que pudieran vulnerar sus derechos. Esto es lógico y procedente, dijo, porque no podemos irnos en contra de lo que determina la Constitución, la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa y los instrumentos internacionales, en donde se protege a los pueblos no contactados, dijo.

Señaló que en el informe se determina la obligación del Estado de mantener un desarrollo sustentable que convine criterios de crecimiento económico, equidad social, protección de la naturaleza y de los derechos de las comunas, comunidades, pueblos indígenas, de acuerdo con el numeral 5, del artículo 3 de la Constitución, sin dejar a un lado el Buen Vivir, cuyo objetivo es la erradicación de la pobreza y el cambio de matriz productiva.

Así mismo, dijo que a través del documento se sugiere la elaboración de un plan de contingencia y códigos de conducta que cuenten con procedimientos en caso de posibles avistamientos con los pueblos indígenas en aislamiento, que eviten enfrentamientos, vulnerabilidad en la salud, vulnerabilidad socio cultural, medidas de capacitación e información permanente para el personal, prevención y control de asentamientos posibles de colonos o madereros.

Precisó que los recursos económicos que se obtengan como producto de la explotación se destinen para beneficio de los habitantes de las provincias amazónicas y de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas conforme la normativa legal y el artículo 74 de la Constitución.

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