Política

Presidencia de Asamblea no acoge pedidos de oposición

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(Diario EL UNIVERSO).- Varios pedidos de información efectuados por asambleístas de oposición a instituciones o funcionarios públicos no salen de la Presidencia de la Asamblea. Este trámite sirve para iniciar un proceso de fiscalización y control político.

Andrés Páez, de CREO, comenta que tiene 72 pedidos de información rezagados entre el periodo de Fernando Cordero y el que ya tiene Gabriela Rivadeneira, de Alianza PAIS (AP).

Páez sostiene que ha enviado unos ocho oficios a Rivadeneira insistiendo en los pedidos, pero que no los responde “ni siquiera por cortesía”.

Él no es el único sin respuesta. Henry Cucalón (PSC-MG) ha hecho tres pedidos de información en este periodo para el Banco Central, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y la Cancillería, y tampoco han pasado de la Presidencia de la Asamblea.

A Lourdes Tibán (PK) y Luis Fernando Torres (CREO-PSC) les pasó lo mismo.

Tibán intentó pedir directamente a las instituciones unas diez veces, pero le respondieron que lo hiciera través de la Presidencia de la Asamblea. Así lo hizo, explica, pero tampoco le dieron trámite.

Torres manifiesta que hizo dos solicitudes al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Salud. No ha insistido, pero tampoco le han respondido. “Me dijeron que iba a ir a una unidad de trámite de peticiones que estaba conformándose”.

Antes del 2008, los asambleístas solicitaban información directamente y las instituciones o funcionarios tenían la obligación de responder en quince días, pero desde que la Comisión Legislativa, conocida como “Congresillo”, aprobó un reglamento de fiscalización, las cosas cambiaron.

En esta normativa se establece que todos los pedidos serán remitidos a través del presidente del “Congresillo”. Esta entidad funcionó en la transición entre la Asamblea Constituyente y la Asamblea Nacional.

Hace dos semanas, Rivadeneira anunció la creación de la Unidad Técnica de Fiscalización. Está conformada por técnicos y fue creada con el Reglamento a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Según ese documento, la Unidad debe hacer el seguimiento documental a los actos de los entes de poder público o los servidores públicos, a petición del presidente de la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) o el pleno.

Además, tiene que dar soporte técnico a las investigaciones, realizar estudios no vinculantes sobre los documentos que las autoridades presentan a la Asamblea y hacer el seguimiento de un juicio político.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Gabriel Rivera (AP), señaló que esta Unidad debe establecer qué es lo que le corresponde tratar a su mesa.

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