Presentan proyecto de enmiendas constitucionales para que la asamblea nombre autoridades de control

Quito.- Un grupo de asambleístas de la coalición de mayoría presentó oficialmente el proyecto de enmiendas constitucionales por las cuales se busca que el Legislativo recupere la atribución de nombrar autoridades de control, a fin de que sea remitido a la Corte Constitucional para que califique y dictamine cuál de los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la enmienda o reforma corresponde a esta iniciativa de la Asamblea. La propuesta cuenta con el respaldo de 56 firmas.

El proyecto prevé trasladar a la Asamblea Nacional la potestad de designación que actualmente corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), garantizando transparencia, pluralismo, impugnación ciudadana y veeduría, tanto nacional, cuanto internacional; elimina los concursos de méritos y oposición como mecanismo para la designación de autoridades; rescata el debate constituyente respecto de la necesidad de establecer filtros y contrapesos en las designaciones; garantiza los principios de equidad de género e interculturalidad en ternas e integración de cuerpos colegiados.

La norma distingue tres mecanismos de designación: 1. Vía ternas, en el caso del Consejo de la Judicatura, Procuraduría y superintendencias; 2. Postulación, para la Fiscalía Contraloría, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral; y, 3. Comisión calificadora, para la nominación de los jueces de la Corte Constitucional.

Para los procesos de postulación se incorpora un filtro previo independiente, a través de una comisión técnica, que elaborará un informe no vinculante de elegibles para decisión de la Asamblea Nacional, instancia que será presidida por el delegado de la Función Legislativa. Estará integrada por cinco delegados de las funciones del Estado; cinco representantes de la ciudadanía y tres delegados de las instituciones de educación superior de posgrado. Se contará con veeduría nacional e internacional.

En el caso de la Corte Constitucional, la comisión estará integrada por dos delegados de las funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social, más tres delegados de las universidades con posgrado en Derecho Constitucional, de entre quienes se designará al presidente.

La propuesta mantiene como atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana la promoción de los mecanismos de participación de la ciudadanía, el control social y la lucha contra la corrupción.

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