Internacional

¿Por qué el Gobierno de Nicaragua prohibió el ingreso a la comisión de la OEA?

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Managua.- (EFE).- El Gobierno del presidente Daniel Ortega cerró las puertas a siete diplomáticos que buscan impulsar un diálogo ante la crisis que atraviesa Nicaragua desde hace 17 meses, entre ellos al embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, y Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general del organismo, Luis Almagro.

Los diplomáticos a los que Ortega decidió impedir el acceso a Nicaragua forman parte de una comisión creada a finales de agosto por la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual tiene un plazo de 75 días para intentar negociar con el mandatario una salida a la crisis que comenzó el 18 de abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio.

La comisión está integrada por representantes de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Jamaica y Paraguay.

  • LOS ARGUMENTOS LEGALES DE NICARAGUA

El Gobierno de Nicaragua, a través de la Dirección de Migración y Extranjería, invocó el artículo 6 de la Constitución y el artículo 93 de la Ley General de Migración para rechazar el ingreso al país de los miembros de la comisión de la OEA.

El artículo 6 constitucional establece que “Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible”.

Mientras el artículo 93 de la Ley General de Migración se refiere a la “inadmisión por impedimentos” y explica que “la visa otorgada a las personas extranjeras no supone su admisión incondicional al territorio nacional, cualquiera que fuera su categoría migratoria no serán admitidos si se hallan comprendidos en cualquiera de los impedimentos para ingresar al territorio nacional”.

El Ejecutivo nicaragüense, sin embargo, no precisó las causales para negar el ingreso al territorio nacional de los diplomáticos, pese a que la misma Ley General de Migración, en su artículo 113, especifica 11 puntos y ninguno alude a los miembros de la comisión.

  • LAS RAZONES POLÍTICAS

El Gobierno de Ortega se ha negado en repetidas ocasiones a reconocer la legitimidad de la comisión creada por la OEA, que considera un instrumento de “injerencia” por parte de Washington.

También se opone a la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), a las que junto al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entes tutelados por la CIDH, dio por concluida su misión el año pasado.

El pasado 19 de diciembre, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, envió una carta a Almagro en la que lo acusa a él, a la CIDH y a la Oacnudh de querer asfixiar al país.

A Almagro lo acusó de participar “en la escalada criminal, injerencista, promoviendo acciones terroristas en el orden político, económico y militar que viola los derechos humanos del pueblo nicaragüense”.

También que su actitud explicaba el comportamiento de la CIDH, Meseni, GIEI y Oacnudh, “quienes se han constituido en una plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país”.

-LA VERSIÓN DE LA OPOSICIÓN

La oposición nicaragüense sostiene que Ortega vetó el ingreso de la comisión de la OEA por “el temor a que le desvelen una vez más e ‘in situ’ todas sus mentiras y artimañas que ya no puede esconder, como el desprecio a los esfuerzos de la comunidad internacional”.

Argumentan, además, que el Gobierno sandinista no tiene voluntad de escuchar “las justas demandas del pueblo nicaragüense” ni buscar una salida negociada y pacífica a la crisis.

“El régimen continúa cerrando sus opciones de mediación para una resolución al conflicto”, apuntó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que era la contraparte del Gobierno en la mesa de negociación que Ortega dio por concluido el 30 de julio pasado.

La oposición considera que Ortega también quiere ganar tiempo porque uno de sus objetivos es que no se adelanten las elecciones previstas para noviembre de 2021, por lo que no descartan que, antes de que se cumpla el plazo de 75 días que tiene la comisión de la OEA para entregar su informe, permita su ingreso.

Si esa comisión fracasa y Ortega se niega a dialogar, la OEA podría suspender a Nicaragua, la mayor forma de sanción que tiene la organización y que, en 70 años de historia, solo ha usado en dos ocasiones: con Honduras, en 2009, después del golpe de Estado; y con Cuba tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro, en 1959.

Luis Felipe Palacios

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