Internacional

Pleno rinde homenaje a las víctimas de la dictadura militar de Chile

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Quito.- Al cumplir 40 años del golpe militar contra el régimen democrático de Chile, el Pleno de la Asamblea Nacional rindió homenaje al presidente Salvador Allende y a todas las víctimas de la dictadura de ese país, que fueron objeto de detenciones arbitrarias, desapariciones, ejecuciones políticas, prisión política, tortura, tratos inhumanos y represión.

Mediante resolución, aprobada con 86 votos afirmativos, 1 negativo y 26 abstenciones, condenó la injerencia de potencias extranjeras en los procesos democráticos latinoamericanos a través de la implantación de regímenes dictatoriales que atentan contra los más elementales principios humanitarios y desconocen el derecho de los pueblos a su libre autodeterminación.

En esta ocasión se recordó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y su sanción y juzgamiento, constituyen parte esencial de derecho a la reparación y a la verdad que tienen las personas y los pueblos.

Decidió rendir homenaje y exigir reparación a Felipe Porfirio Campos Martillo, Freddy Jimmy Torres Villalba, Sócrates Ponce Pacheco y a José Félix Silva García Franco, ciudadanos ecuatorianos asesinados por los militares chilenos, cuyos casos fueron documentados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La Asamblea renovó su compromiso de trabajar en pos de los objetivos para que nunca más nuestro continente pueda ser víctima de dictaduras guerreristas y militares como las que asolaron a Chile y a otros países de América Latina.

El Pleno resolvió conformar una veeduría legislativa para dar cumplimiento a los procesos de judicialización denunciados por la Comisión de la Verdad en Ecuador, a fin de que estos episodios de violación de derechos humanos no vuelvan a ser parte de la historia de nuestro país, por lo cual delega al Consejo de Administración Legislativa para que de forma inmediata conforme dicha comisión.

Exhortó a la Comunidad Internacional para que acompañe en la búsqueda de la verdad, la realización de procesos justos y la sanción de los crímenes de lesa humanidad cometidos en los regímenes dictatoriales que participaron en acciones continentales como el Plan Cóndor, la Operación Silencio y otros dirigidos a ocultar la verdad y evitar la sanción a los culpables.

Esto en razón de las osamentas encontradas en Chile y otros países de América Latina, en excampos de concentración, centros de tortura y espacios públicos en los que se presume se dejaron los cadáveres de detenidos-desaparecidos.

En la resolución se sugiere una investigación imparcial y efectiva, dentro de un plazo razonable, con el fin de identificar a los autores, cómplices y encubridores de dichos crímenes e imponer no solo una sanción penal, sino una reparación histórica que sirva a las actuales y futuras generaciones.

La resolución se aprobó considerando que el 11 de septiembre de 1973 fue derrocado el régimen del presidente socialista Salvador Allende por un golpe de Estado en el que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, “como parte de una estrategia imperialista de control hemisférico a través de la implantación de regímenes dictatoriales, que buscó sin resultado evitar la expansión la vía socialista al poder a través de las urnas en los países de América Latina”.

Se consideró, además, que con el golpe de Estado se implantó en Chile una dictadura militar, comandada por los generales Augusto Pinochet y Gustavo Leigh, apoyada por potencias extranjeras y partidos políticos de derecha; y, conformaron una junta militar de gobierno que permaneció en el poder por 17 años y medio, hasta el 11 de marzo de 1990.

También, que durante esta dictadura se cometieron los más horribles y atroces crímenes en contra de los derechos fundamentales de los chilenos y extranjeros residentes en Chile, contabilizando un saldo aproximado de 40.000 víctimas de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, atentados contra la libertad de expresión, pensamiento y conciencia y ejecuciones extrajudiciales que han llegado a sumar 3.065 personas muertas o desaparecidas.

La asambleísta María Augusta Calle, al fundamentar el contenido del proyecto de resolución, enfatizó que a los 40 años de horror, la semilla ha germinado y América Latina se levanta socialista.

Dijo que es necesaria una reparación, no por dinero, sino por verdad y justicia, al tiempo de indicar que son 40 años de dolor, de silencio y de impunidad.

De su lado, Fernando Bustamante al resaltar el proceso de formación de la Unidad Popular en Chile precisó que no hay fronteras para la lucha solidaria por la libertad de los pueblos.

Para la asambleísta Diana Peña el 11 de septiembre se recuerda como un día de símbolo de resistencia. “La ocasión es propicia para reflexionar en que nunca más se rompa la democracia y violenten los derechos humanos” precisó Verónica Guevara.

Previo a la aprobación de la resolución, los asambleístas presenciaron la actuación del Grupo de Teatro La Caracola que hizo una representación escénica de un juicio simbólico al ex dictador Augusto Pinochet.

También se proyectó un video denominado los 40 años de la dictadura de Pinochet, en el que se evidencia la trayectoria de Allende y se recogen testimonios de violaciones a derechos humanos en el período militar.

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