Política

Pleno aprobó reforma al COOTAD. Destacan que se orienta a garantizar el buen vivir

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Quito.- El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 80 votos afirmativos las reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que tiene como propósito formalizar los asentamientos humanos que tienen problemas de servicios básicos; consolidar y fortalecer los procesos de descentralización y con ello mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón, explicó que las reformas buscan el fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos descentralizados, a la vez que asevero que se evita la creación indiscriminada de parroquias y cantones al determinar que los requisitos como población y límites sean avalados por los organismos nacionales correspondientes, de la misma manera definiendo lo que significa fronteras a través del concepto de línea fronteriza que establece 40 Km de la frontera.

Agregó que también se garantiza mayor gobernabilidad al determinar los elementos y requisitos indispensables para la remoción de los ejecutivos de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados sin disminuir la capacidad fiscalizadora de los órganos legislativos, garantizando el debido proceso a las autoridades mediante una serie de trámites que tiene que ser supervisado por el Tribunal Contencioso Electoral. Se mejora la posibilidad de ingresos para los municipios en razón de la posibilidad de contribución especial cuando se generan procesos de planificación o administrativos que incrementen el valor de las propiedades.

Explicó que se posibilita un mejor funcionamiento de las juntas parroquiales al dar una mayor flexibilidad en gastos administrativos, para que las juntas parroquiales puedan cumplir sus obligaciones básicas. También se amplía esa posibilidad, para que los municipios puedan controlar el área rural y, desde la dimensión cantonal, ejercer un adecuado control en base al ordenamiento territorial. Además se amplía el porcentaje de áreas verdes para que las familias puedan tener mayores espacios de esparcimiento, añadió.

Richard Calderón dijo que es causal de remoción del alcalde cuando autorice asentamientos humanos o construcción de viviendas en zonas de riesgo. En cuanto a las normas de procedimiento administrativo, dijo que se evita el abuso en cuanto a los valores establecidos por los predios expropiados, en razón de que estos no pueden superar los valores municipales.

Además, dijo que se agrega un inciso en el artículo 60 que sustituye el artículo 596, que señala que en los casos de predios que por procesos administrativos haya pasado a favor de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales o metropolitanos y que en los mismos se encuentran asentamientos de hecho y consolidados se podrá realizar la venta directa sin necesidad de subasta a los posesionarios del predio, sin tomar en cuenta las variaciones derivadas del uso actual del bien y su plusvalía.

En la normativa, se determina que el requisito de población para la creación de cantones ubicados en la franja fronteriza y en las provincias amazónicas será de diez mil habitantes; que para remover o destituir a las autoridades y miembros de los gobiernos autónomos descentralizados, se lo hará con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, es decir, alcalde o alcaldesa, al vicealcalde/a o concejales /as que hubieren incurrido en una de las causales previstas en este Código garantizando el debido proceso.

Para crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus nombres y determinar sus linderos en el territorio cantonal, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.

En el tema del ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias se establece que a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales les corresponde, en el marco de la planificación nacional y de las competencias asignadas por la Constitución, la determinación de cadenas productivas con un enfoque de equidad, la generación y democratización de tecnologías, desarrollo del conocimiento y preservación de los saberes ancestrales orientados a la producción, la mejora de condiciones territoriales generales que afecten a todas las actividades productivas, como la infraestructura de servicios productivos, la valorización del patrimonio cultural y natural como fuente de valor, el impulso de organizaciones económicas de los productores y de emprendimientos económicos y empresas comunitarias, la generación de redes de comercialización y la participación ciudadana en el control de la ejecución y resultados de las estrategias productivas.

Así mismo, prevé que las transferencias que efectúa el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados podrán financiar hasta 30% de gastos permanentes y un mínimo de 70% de gastos no permanentes necesarios para el ejercicio de sus competencias exclusivas con base en la planificación de cada gobierno autónomo descentralizado; las transferencias provenientes de al menos el 10% de los ingresos no permanentes financiarán exclusivamente egresos no permanentes.

En materia de gestión de riesgos, incorpora las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio, las que se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable.

Entre las principales modificaciones que se introducen consta la obligación que tienen los gobiernos autónomos provinciales de articular su gestión con la del gobierno nacional y con los gobiernos autónomos descentralizados y actores sociales de su circunscripción territorial provincial, a fin de alcanzar los objetivos del buen vivir.

Por último, regulariza los asentamientos humanos de interés social, de hecho y consolidados; se incluye una disposición que permite que las instalaciones destinadas a la práctica del deporte, puedan ser administradas a través de delegación hecha por el gobierno autónomo descentralizado correspondiente; se clarifica el tema del recurso de apelación para el caso de remoción de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, se mejora la posibilidad de ingresos para los municipios, entre otros.

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