Política

Parlamento conformó mesa interinstitucional para revisar hechos de octubre

Compartir

Quito.- La Asamblea Nacional instaló una mesa interinstitucional para receptar criterios y observaciones sobre lo que sucedió en el paro nacional de octubre. Con ello, cumplió con uno de los artículos de la Resolución aprobada el pasado 16 de octubre en el marco de estos hechos.

La mesa la presidió el primer vicepresidente del Parlamento, César Solórzano, y contó con la participación de las defensorías del Pueblo y Pública; de las universidades Central, Andina y Politécnica Salesiana; así como de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos. Las opiniones que emitieron sus representantes serán trasladadas a la Comisión Ocasional que investiga los acontecimientos suscitados entre el 3 y 13 del mes pasado.

De hecho, para escucharlos también acudieron algunos integrantes de la mesa legislativa, entre ellos su presidente, Fernando Burbano, quien dijo que el objetivo es llegar a la verdad, que exista una verdadera justicia y reparaciones. Los legisladores expusieron algunas inquietudes, como las fuentes de los datos entregados, la cifras de los ciudadanos albergados, causas de la protesta y los datos de violación a derechos humanos de policías, militares y gente afectada por el paro.

Entidades estatales

Freddy Carrión, defensor del Pueblo, pidió diferenciar entre violación a los derechos humanos, en donde el Estado es el encargado de garantizarlos, y los delitos que se habrían cometido en contra de personas y la propiedad privada, en cuyo caso la justicia debe determinar responsabilidades.

En cuanto a detenciones informó que hubo 1.192, de las cuales el 76 % fueron arbitrarias e ilegales, pues 906 personas salieron sin formulación de cargos. Los heridos fueron 1.340, sin contar con los atendidos en los albergues, mientras que los fallecidos fueron 11, según los datos de Carrión. Señaló que hay un caso de un menor de 14 años en el que se habla de ejecución extrajudicial.

El defensor del pueblo sostuvo que esta entidad entregó informes periódicos, conformó una Comisión para investigar y que llama la atención que la Fiscalía pida certificación de los pronunciamientos y documentos.

El siguiente turno fue para Ángel Torres, Defensor Público, quien explicó que patrocinaron 585 casos, a quienes se les garantizó el derecho a la defensa. A nivel nacional representó a 37 adolescentes, de los cuales 13 salieron en libertad sin inicio de proceso judicial y a seis se les formuló instrucción con internamiento preventivo. Expuso que, junto al Defensor del Pueblo, presentaron la apelación al internamiento e informó que la instrucción fiscal de estos casos vence hoy.

Organizaciones de la sociedad

Las cifras de detenidos, heridos y fallecidos no coinciden con las que presentó Lina Espinosa, de la alianza de organizaciones de DD.HH. Ella denunció que no tuvieron acceso a la información desde la justicia y las entidades de salud.

A partir de acompañamientos y otras medidas determinaron que el 80 % de las 1.100 personas detenidas obtuvieron su libertad, por lo que alertó sobre desproporcionadas detenciones y pidió investigación independiente. En cuanto a los heridos apuntó que registran 1.000, excepto los atendidos en albergues. Respecto a las muertes reconocen nueve.

Denunció que hubo graves violaciones a los derechos humanos por uso desproporcionado de la fuerza, uso letal de armas no letales, uso indebido del derecho penal, acciones de estigmatización contra líderes y ausencia de criterios de interculturalidad e idioma en los procesos judiciales.

Universidades

De parte de las universidades, César Montaño, rector de la Andina Simón Bolívar; Fernando Sempértegui, rector de la Central; y José Juncosa, vicerrector de la Politécnica Salesiana, explicaron que su rol fue proporcionar ayuda humanitaria y albergar a familias que acudieron al paro. Agregaron que estas entidades mantienen proyectos y programas de desarrollo en algunos cantones, por lo que no podían abandonarlos.

Se trató de un imperativo ético, exclamó Sempértegui, quien recordó que la Universidad Central brindó ayuda con brigadas médicas. Los tres coincidieron que su compromiso es con la democracias y que, por ello, hicieron continuos llamados al diálogo. Negaron que en los albergues se haya acopiado material para las manifestaciones.

Juncosa acotó que la Universidad Salesiana invitó a no perder de vista que se trató de un compromiso con la gente y que no se debe ver como un asunto de insurgencia y seguridad.

Related Posts

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com