Política

Ministra del Interior: es oportuno sacar los delitos de opinión del ámbito penal y trasladarlos a lo civil

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Quito.- Para el Ejecutivo las reformas a la Ley de Comunicación son clave no solo por el contenido, sino por lo que representa para todos y que en los últimos años ha significado un mecanismo de silencio, castigo, censura y autocensura y de allí la importancia de la reinstitucionalización, dijo María Paula Romo, ministra del Interior, en su comparecencia ante la Comisión de Derechos Colectivos.

La funcionaria fue invitada para que presente sus observaciones y sugerencias en torno a las reformas a la Ley de Comunicación. En esta línea, dijo, es buena la eliminación de todos los mecanismos punitivos desde la Agencia de Control de Contenidos en la que se convirtió la Superintendencia de Comunicación (Supercom), al igual que los mecanismos de sanción que contiene la ley que deberán ser reemplazados por mecanismos de auto regulación.

Consideró que con ocasión del debate de este proyecto es oportuno sacar los delitos de opinión del ámbito penal y trasladarlos al ámbito civil, es decir, que las infracciones que se refieren al buen nombre, a la honra, que son derechos reconocidos en los instrumentos internacionales, se debatan en la vía civil, instancia en la que se debe analizar la afectación de un derecho.

María Paula Romo anunció que el Ejecutivo trabaja en una política pública integral para el fomento cultural y artístico, pero que mientras eso sucede la Comisión debe mantener en la ley el 1 por uno, es decir que se difunda por igual la música nacional y extranjera, así como el 5 % del contenido intercultural.

Dijo que el gobierno protegerá lo que los medios comunitarios han conquistado, como por ejemplo su porcentaje de participación en el espectro radioeléctrico (34 %), pero además permitir la venta de publicidad que es una manera de respaldar a los medios comunitarios.

Paula Romo estima que la ley debe diferencias entre contenidos, pues no se puede dar el mismo tipo de regulación al contenido informativo, de opinión, al de caricatura o al publicitario. La publicidad y la opinión se encuentran en dos polos opuestos.

Comentó el avance en la creación del Comité para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Dijo que la propuesta se construye con periodistas, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil.

Una de las observaciones que se hizo al borrador del Decreto Ejecutivo es que no se puede crear el Comité sin la presencia de periodistas, por ello se tomará en cuenta las instancias del Ejecutivo, los ministerios que están relacionados con este tema, representantes de los medios de comunicación y comunicadores.

Aclaró que este Comité no solo será para la seguridad de los medios de comunicación, sino para garantizar la cobertura informativa en temas de seguridad pública y seguridad ciudadana por parte de los comunicadores.

Para el Ministerio del Interior, que los periodistas puedan hacer su trabajo en los asuntos de seguridad pública y seguridad ciudadana, es parte fundamental de su tarea y responsabilidad.

Caso Lorena Abad

En otro orden, la Comisión de Derechos Colectivos, analizó la situación de la periodista Lorena Abad, de los Medios Públicos, quien a través de video conferencia señaló que fueron vulnerados sus derechos como profesional y sin tomar en cuenta su condición de salud catastrófica.

Sobre este tema, los comisionados invitaron a Martha Moncayo, gerente de Medios Públicos, quien manifestó que a Lorena Abad le reconocerán los años de servicio laboral y que un eventual reintegro a su puesto dependerá de la decisión que tome el Ministerio de Relaciones Laborales.

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