Política

Ministra de gobierno sustenta reformas a la ley orgánica de movilidad humana

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Quito.- La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, acudió a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales para sustentar las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, propuestas por el Ejecutivo. Destacó que el tema fundamental es que los procesos migratorios sean ordenados y controlados.

Señaló que el Gobierno plantea establecer, en la normativa, causales de inadmisión de personas que cometan infracciones o intenten ingresar al país por pasos ilegales e implantar un procedimiento de deportación que sea menos “engorroso” que el vigente.

Aclaró que estos cambios a la ley no se contraponen con la Carta Magna. Manifestó que la Constitución respeta los derechos de los individuos, pero a la vez los ciudadanos están obligados a cumplir reglas.

Durante su comparecencia, contextualizó la situación de los migrantes en Ecuador. Informó que desde 2016 hasta 2019 llegaron de manera regular al país 350 mil personas. Así también, puntualizó que antes de que Ecuador pidiera visa a los ciudadanos venezolanos ingresaban a diario 1800 personas, ahora lo hacen 40. Además, dio a conocer que del 7% de extranjeros que son privados de libertad, el 1.3% es de nacionalidad venezolana.

Censo a ciudadanos venezolanos

La Secretaria de Estado indicó que el 26 de septiembre se inicia, en 15 provincias, el censo a venezolanos; el registro incluye el levantamiento de información exacta de los individuos que han ingresado al país, destacó que el empadronamiento es un requisito indispensable para acceder a la visa humanitaria.

Paralización en Carchi

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, interpuso sus buenos oficios para que el Legislativo se convierta en mediador entre las autoridades del Carchi y el Gobierno con el fin de entablar diálogos y que se deponga la paralización en esa provincia. De su parte, la Ministra indicó que el Ejecutivo siempre está abierto a dialogar y ratificó que varias demandas planteadas por la Asamblea del Carchi ya fueron resueltas, por tanto, apuntó que la medida de hecho es injustificable.

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