Política

Mesa por la Verdad y la Justicia pide investigar a 492 jueces y fiscales, en el ámbito disciplinario

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Quito.- La Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más considera que el Consejo de la Judicatura (CJ) debe investigar en el ámbito disciplinario, preliminarmente, a 492 jueces y fiscales por su supuesta actuación irregular dentro de los casos de hostigamiento a través del sistema judicial.

Así lo determinó la Mesa por la Verdad y la Justicia que, este 10 de diciembre, presentó en rueda de prensa el primer avance del informe final sobre los casos de acoso político.

En este evento, que coincidió con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, estuvieron el Presidente del CJ, Marcelo Merlo; la vocal Angélica Porras; los representantes de la Mesa, Paúl Jácome y Alejandra Cevallos; además de familiares y víctimas de este tipo de hechos.

Durante su intervención, el Presidente del CJ, Marcelo Merlo, señaló que el país vive las consecuencias de la persecución que realizó el gobierno anterior, en todos los ámbitos, durante 10 años.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de quienes integraron esta Mesa para instaurar un procedimiento con el cual se investigue todos los hechos analizados y se determinen las reparaciones que sean del caso.

De su parte, la vocal Angélica Porras señaló que en los casos contra los defensores de los derechos de la naturaleza hubo ciertos patrones de comportamiento como: conflictos asociados a proyectos de explotación de recursos naturales por empresas extranjeras; ingreso violento a las comunidades por parte de grandes contingentes de la fuerza pública (100-300 policías), entre otros aspectos. “Hay casos en los que se registraron muertes, violaciones, agresiones, quema de casas y cultivos”, dijo.

Además, indicó que se iniciaron juicios penales a los líderes sociales; detenciones ilegales, sin boleta de encarcelamiento; tipificación de flagrancias hasta 43 días después; cambio de jueces y fiscales; eliminación de pruebas; y, sentencias sin motivación.

En los casos relacionados con los pueblos indígenas, la vocal sostuvo que, entre otras cosas, no hubo reconocimiento del ejercicio de la justicia indígena; los dirigentes fueron encarcelados con multas económicas altas. “En ciertas comunidades se desmanteló el sistema de justicia”.

Al referirse al caso 30S, la vocal manifestó que el Estado construyó un enemigo sobre el cual se aplicó con fuerza el Derecho Penal; se calificaron flagrancias hasta tres años después de los hechos; hubo detenciones y allanamientos ilegales; eliminación de pruebas; presión a familiares; y, tortura en lugares de prisión.

Según la doctora Porras, en todos los casos y en todas las comisiones hay elementos comunes: el papel de las autoridades del Estado. “Ministros, subsecretarios, estaban presentes en las audiencias de los juicios lo que suponía un mensaje para los jueces”, dijo.

El presidente de la Mesa por la Verdad y la Justicia, Paúl Jácome, explicó, entre otros datos, que de 1400 casos receptados, 300 cumplieron los requisitos establecidos y luego de un proceso de depuración, quedaron 247 para el análisis definitivo.

Según Jácome, entre 2007 y 2009 hubo nueve casos de persecución política y para el año 2010 se incrementaron a 85. De acuerdo al informe, el 90 % de este tipo de procesos corresponde al gobierno de Rafael Correa.

Para evitar que persistan este tipo de hechos, la Mesa recomendó que se reforme el Código Orgánico Integral Penal para despenalizar los delitos de opinión y se reforme la Ley de Víctimas y Reparaciones con el objetivo de que quienes sufrieron acoso político no tengan límite de tiempo para realizar sus reclamos.

CJ recibió informe preliminar de la Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más

La tarde de este lunes, Paúl Jácome, Alejandra Cevallos y Rolando Tapia, representantes de la Mesa, entregaron formalmente el informe preliminar al Pleno del CJ.

En la reunión que mantuvieron con el Presidente Marcelo Merlo y los vocales Zobeida Aragundi, Aquiles Rigail y Angélica Porras; los delegados presentaron un resumen de los patrones de persecución política que encontraron durante las comparecencias. También les pidieron a las autoridades que inicien las acciones disciplinarias pertinentes a jueces, conjueces y fiscales que han sido mencionados en estos casos.

Hasta el próximo 28 de diciembre, la Mesa por la Verdad y la Justicia también entregará este informe preliminar a organizaciones de Derechos Humanos, universidades y las personas que participaron en este proceso para que realicen sus observaciones. El documento definitivo estará listo en enero de 2019.

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