Política

Mayoría oficialista da paso a la explotación de los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní

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Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- Luego de la moción del oficialista Carlos Viteri Gualinga para que se apruebe el pedido del presidente de la República Rafael Correa para que se declare de interés nacional a los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní, 108 asambleístas de Alianza PAIS  y sus aliados dieron el sí y 25 se opusieron.

Treinta y tres asambleístas intervinieron en el Pleno de la Asamblea Nacional durante 9 horas, la mayoría oficialistas, que pregonaron los supuestos beneficios que dará al país la explotación petrolera de los dos bloques y sobre todo “la erradicación de la pobreza”.

Ya en el debate, la oposición dio por hecho la aprobación del pedido con los votos de la mayoría legislativa de gobierno; Lourdes Tibán (PK) anunció que se suman a los grupos que recogerán las firmas para la consulta popular sobre el tema y Mae Montaño (CREO) criticó la “subordinación” del primer poder del Estado.

De parte de los que votan con el oficialismo hubo de los dos extremos. Mientras Antonio Posso (Avanza) pidió que se respete el territorio intangible, no solamente la zona, René Yandún (MIDC) rechazó la consulta previa por considerarla extemporánea y sería una irresponsabilidad no extraer petróleo de la zona intangible porque ya hay estudios.

Al final de la tarde, César Umajinga mocionó archivar el pedido por inconstitucional, pero la Presidencia de la Asamblea no dio paso porque en el primer debate ya se votó un pedido similar de la oposición.

Desde temprano, afuera de la Asamblea, decenas de ecologistas con pancartas y música se congregaron para rechazar la decisión de los legisladores.

Pero también llegaron cientos de aliancistas de diferentes provincias del país para apoyar la declaratoria de la Legislatura. Llegaron en unos 40 buses que se estacionaron en los alrededores del Coliseo General Rumiñahui, generando alteraciones en el tráfico del sector.

En la mañana, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, descartó la posibilidad de un veto del Ejecutivo a la resolución, aunque reconoció que no existe una normativa específica que señale cómo se opera en estos casos.

El informe y la resolución con 16 puntos se basa en el decreto ejecutivo del 2007 que delimita la zona intangible y una zona de amortiguamiento, fija seis destinos para los recursos que resulten de la explotación, obliga al Ejecutivo a realizar la consulta previa, excluye a la zona intangible de la explotación (Ishpingo sur).

La resolución también hace explícita la idea de que solo se explote el uno por mil del territorio, señala que la estatal Petroamazonas debe tener la titularidad y la operación del campo para garantizar los más altos estándares tecnológicos y el mínimo impacto ambiental.

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