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María Paula Romo: En perjuicio del Isspol se ejecutó un mecanismo de estafa en el que han participado públicos y privados

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Quito.- (@srradioEc).- En el proceso investigativo que lleva adelante el Instituto de la Seguridad Social de la Policía del Ecuador (ISSPOL) para recuperar recursos de los fondos previsionales, por presuntas inversiones de alto riesgo y sin el debido sustento, el viernes pasado la Superintendencia de Compañías ya intervino a la empresa Decevale S.A., siglas de la persona jurídica Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Privados.

La razón: no justificar “documentadamente la existencia de un contrato que le permita mantener cuentas en otros depósitos de compensación y liquidación de valores de terceros países, y emitir certificaciones a través de “composición de Portafolio de la ISSPOL”.

Para la Superintendencia, esto constituiría un incumplimiento al Art. 62 de las Operaciones Autorizadas, literal g), de la Ley de Mercado de Valores, y al Art. Innumerado a continuación del Art. 1, del Título I Del Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley ibídem, “Principios Rectores del Mercado de Valores”, como son: la fe pública, protección del inversionista y transparencia”.

En su informe, la Superintendencia argumenta que Decevale participa como custodio de operaciones de reporto del ISSPOL, con un contrato que “no se encuentra bajo la normativa que rige al mercado de valores ecuatoriano”, dio a conocer esta mañana, en rueda de prensa, realizada en Quito, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien, además, manifestó que están trabajando para la recuperación del dinero de la jubilación de la Policía Nacional, como para que se sancione a los responsables por error u omisión.

“A pesar de la gravedad del caso, que estamos hablando y a pesar del monto, que son más de 532 millones de dólares, la jubilación de nuestros policías está garantizada, porque existe una ley que le obliga al Estado a garantizar el pago, de todo lo que se adeude por estos conceptos… Eso significa que, si es que este dinero no se recupera, no solo se afecta a la Policía Nacional sino a toda la sociedad ecuatoriana”, recalcó la ministra Romo.

Los fondos que están bajo observación se estructuraron a través de operaciones Swap y Reporto, sin sustento legal y técnico. Son dos operaciones que sumadas le significan a la institución 532 millones de dólares.

En teoría, la operación Swap le representaría mayor seguridad; en cambio, las de reporto, mayor rentabilidad. Pero a la fecha las supuestas seguridades y ganancias se han traducido en papeles, que no garantizan el retorno de las inversiones, porque no representan ‘títulos valores’, explicó la Ministra de Gobierno.

Las operaciones de reporto empezaron a mediados del 2014 y la operación Swap en diciembre de 2015, luego de que el Comité de Riesgos y el Comité de Inversiones del un mecanismo de estafa en el que han participado públicos y privados: María Paula Romo

ISSPOL, integrados por los mismos funcionarios, entre policiales y civiles, accedieron a desarrollar una propuesta del ciudadano Jorge Oswaldo Chérrez Miño, quien, también, actúa como contraparte por ser el representante legal de empresas panameñas que ofrecían lograr mayores frutos económicos a las cuentas de inversión del ISSPOL.

En enero de 2016 empezó a regir el convenio de la operación Swap con la empresa HYBF, en tanto que, desde 2014, se tranzaron las operaciones de reporto con la empresa IBCORP. Estas contrapartes son empresas creadas por Chérrez en Panamá, en cuyos domicilios registrados funcionan otros negocios.

Al analizar los resultados de las investigaciones, la ministra Romo indicó que informes auditorías, que se han realizado en el Isspol desde 2019, reflejan que, mediante operaciones efectuadas entre 2014 y 2016, se han afectado los fondos de la entidad policial. “Es una estafa que ha afectado los fondos del ISSPOL”, aseveró. Pues estas operaciones se aprobaron sin un verdadero análisis de riesgos, pues no se ha encontrado documentación que evidencie el análisis de los riesgos de liquidez, mercado legal, concentración y de la misma contraparte para conocer sus antecedentes.

Según la ministra Romo, “se trata de un mecanismo de estafa en el que han participado públicos y privados: Hay un primer nivel con funcionarios del ISSPOL, civiles y policiales, por las transacciones que autorizaron; hay un segundo nivel en el mercado de valores, de quienes ofrecieron ser la contraparte de las operaciones; y un tercer nivel, que son las autoridades de control, de las Superintendencias de Compañías y de Bancos; a los que se suman quienes en su momento dirigieron el Ministerio de Interior y la Policía Nacional”.

En la rueda de prensa, el Gral. (sp) Jorge Villarroel, director del Isspol, refirió que el origen de estas prácticas podría remontarse al 2010, año en el que el Consejo Directivo entregó plenas facultades a quien ocupaba en ese entonces y hasta julio del 2019, el cargo de Director General. Además, se conoce que la institución realizó negociaciones directas en Bolsa hasta septiembre de 2014. Durante el 2015 y hasta julio 2016 hizo negociaciones, a través del Banco del Estado. De esa fecha en adelante, en perjuicio del ISSPOL, las negociaciones dejaron de hacerse a través de la rueda especial de Subastas Serializadas, como sería la obligación legal de esta institución.

Para el actual Consejo Directivo del ISSPOL, presidido por la ministra María Paula Romo, solo fue le posible romper el sigilo en relación a los fondos de inversión, a través de un pedido de intervención de la Superintendencia de Bancos, que para junio de 2019, con la presentación del informe de supervisión, le permitió al ISSPOL abrir la puerta para que los responsables del manejo de los recursos empezaran a dar explicaciones.

En su informe, la Superintendencia de Bancos advirtió sobre un portafolio de inversiones en el que están las operaciones de reporto con garantía de derechos fiduciarios. Fundamentalmente la observación que hizo la Superintendencia es que estas mal llamadas operaciones de reporto no son operaciones de inversión, sino que son de crédito y que el ISSPOL no es una institución financiera con capacidad o autorización para conceder créditos a personas naturales o jurídicas particulares. En consecuencia, recomendó que esas operaciones sean reclasificadas a cuentas por cobrar, excluyéndolas del portafolio de inversiones, así como que se busque su inmediata liquidación y recuperación, al mismo tiempo de que se registren las provisiones de incobrabilidad en caso de que queden impagas.

Para finales del año 2019 se gestionó una nueva intervención de la Superintendencia de Bancos y como resultado, en julio de este año, ha reportado nuevos hallazgos en las inversiones efectuadas por el ISSPOL en años anteriores, entre ellas las de Swap y operaciones de reporto con deuda externa.
El Consejo Directivo conoció de manera integral este segundo informe del órgano de control y los informes internos de cada una de las áreas (financiero, legal, de riesgos) y sobre dicha base resolvió la inmediata aplicación de las recomendaciones.

Como medida adicional determinó que se elimine de los procedimientos internos del ISSPOL la renovación o reestructuración de estas operaciones a su vencimiento como había sido la tónica desde el 2016 hasta agosto del 2019, por consecuencia y para la inmediata recuperación, se notificó a los deudores con el fin de que procedan a cancelar los montos adeudados en las fechas de los vencimientos. Al existir problemas en la recuperación de esta cartera, se han iniciado las acciones de cobro, por la vía judicial, extrajudicial y ejercicio coactivo que corresponden.

“Me he referido al caso como una sofisticada estafa, será la Fiscalía General la que determine responsabilidades. Alguien se ha beneficiado de millones de dólares, de manera ilegal e indebida y estamos actuando”, recalcó la Ministra de Gobierno.

En tanto, el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, indicó que las prestaciones de los afiliados, activos y pasivos, están garantizadas; y que, bajo principios de transparencia, seguirán informando las acciones que se van desarrollando en el proceso investigativo. “Los responsables serán llevados a la cárcel. Con la capacidad internacional localizaremos a las personas y los dineros. No vamos a descansar, no podrán esconderse”.

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