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“LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD NO PRESCRIBEN”

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EMILIO PALACIO

A diez años del 30 de septiembre del 2010

El periodista Emilio Palacio vive desde hace casi diez años en Estados Unidos, donde debió asilarse luego de que lo condenaron, junto a los directivos del diario donde colaboraba, a tres años de cárcel y a pagar 40 millones de dólares al entonces presidente del Ecuador Rafael Correa por denunciar los crímenes del 30 de septiembre del 2010. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el juicio fue una persecución política y le pidió al estado ecuatoriano que repare a las víctimas y les ofrezca disculpas.

Semanas atrás la fiscal Claudia Romero presentó cargos contra cinco oficiales de las fuerzas armadas por los asesinatos del policía Froilán Jiménez y otros uniformados cometidos el 30 de septiembre del 2010.

La Fiscalía ha demorado diez años para dar este primer paso, muy tímido todavía, pero aun así de gran valor.

Digo que es un paso muy tímido porque, según la prensa, en la acusación no se incluyó el nombre de Rafael Correa Delgado, prófugo de la Justicia, condenado a 8 años de cárcel por otros delitos.

Para establecer la vinculación de Correa con estas muertes, habrá que tomar en cuenta estos hechos:

Primero: Los jefes militares no actuaron por iniciativa propia sino cumpliendo una orden directa de Correa

Así consta en el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre el 30 S donde se dice: “El Sr. Presidente, en base a contacto telefónico, dispone al Sr. Ministro de Defensa Nacional y al Sr. Jefe del Comando Conjunto, que se proceda a rescatarlo. Para el efecto, se coordina en forma personal como vía telefónica con elementos de la seguridad personal del Sr. Presidente”.

Según el diccionario de la Real Academia, “Rescatar” significa principalmente “Recobrar por la fuerza lo que el enemigo ha cogido”.
Así que los jefes militares cumplieron una orden directa cuando ordenaron movilizar una fuerza de 18 carros blindados, 20 vehículos mecanizados, 6 camiones, 9 jeeps y 900 soldados “con armas letales y no letales”, según el informe militar.

Segundo: La orden de Correa era innecesaria

Horas antes de la masacre, el general Freddy Martínez Pico y otros integrantes de la Comandancia General de Policía ingresaron al Hospital de la Policía. No encontraron ninguna resistencia y más bien constataron que las fuerzas del GOE (Grupo de Operaciones Especiales), leales a Correa, controlaban el interior del edificio, y que hombres del GIR (Grupo de Intervención y Rescate), también leales al presidente, controlaban la entrada de Emergencia del Hospital, por donde luego saldría el primer mandatario.

Martínez puso al tanto a Correa de estos detalles y le pidió que lo acompañe, la Policía garantizaba su seguridad. Correa se negó. Dijo que no saldría hasta que llegue el ejército.

Tercero: Correa supo con anticipación que su orden provocaría una masacre

Se lo advirtió el general Martínez Pico, cuando le suplicó que no cometa el error de convocar a los militares porque las antiguas rivalidades entre policías y soldados ocasionarían un baño de sangre. Uno de los presentes describió así la escena (narrada en el diario gobiernista El Telégrafo): “Se arrodilló [Martínez] y no controló las lágrimas. Estaba preocupado por su gente [es decir, por los policías Froilán Jiménez y Jacinto Calderón entre otros], pero ya era tarde”.

Cuarto: La orden de atacar a un Hospital con armas letales obliga a que se inicie un proceso penal

Los convenios de Ginebra mandan: “En ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques los hospitales civiles organizados para prestar asistencia a los heridos, a los enfermos, a los inválidos y a las parturientas; deberán ser siempre respetados y protegidos por las partes en conflicto”. Los convenios agregan que los que violen estas disposiciones serán sometidos a procesos penales.

Varios convenios internacionales sobre derechos humanos refrendados por el Ecuador establecen que una orden superior no justifica violaciones al derecho a la vida o a la libertad, de tal modo que si la Fiscalía incluye autoridades civiles en su acusación no estará justificando la actuación de nadie, pero sí establecerá la correcta jerarquía de responsabilidades en los crímenes del 30 S.

Hace diez años le advertí a Correa que en el futuro podrían llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente.

Concluí diciendo: “Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben”.

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