Política

Legalización de tierras y tasas de interés, temas de debate sobre Ley de Tierras

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Quito.- Alrededor de 400 personas de 60 organizaciones de las provincias del Azuay, Cañar y Loja, acudieron al Salón de la Ciudad de Cuenca para conocer el borrador del proyecto de Ley de Tierras que trabajó la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero sobre la base de cinco iniciativas ciudadanas.

En este encuentro, representantes de diversas organizaciones, gremios y asociaciones campesinas y agrícolas dieron sus observaciones respecto de esta normativa, donde los temas centrales se relacionaron con la legalización de tierras rurales, la limitación de espacios para latifundios, el otorgamiento de créditos con bajas tasas de interés, a fin de apoyar a los sectores campesinos de escasos recursos económicos que se dedican a la agricultura.

El presidente de la comisión, Miguel Carvajal, dijo que la Constitución manda tener el fondo de tierras, prohíbe el latifundio, obliga a que todo predio rural cumpla la función social y ambiental, por ello, en la Ley de Tierras se desarrollan estos aspectos fundamentales.

Expresó que en el país todavía hay muchas zonas rurales que no producen, a pesar que tienen todas las condiciones para hacerlo, por ello el cuerpo legal determina cómo, en qué circunstancias, con qué mecanismos se debe afectar, sobre todo, aquellos predios rurales que incluso tienen sistemas de agua de riego y no son ocupados para el desarrollo agrícola.

Aseguró que a través de la ley tiene que normarse cómo proteger a los agricultores familiares, que son los que sostienen la producción y la alimentación de la población.

Luego de una explicación del contenido del proyecto por parte del doctor Diego Pazmiño, asesor de la comisión se abrió un espacio de diálogo con las distintas organizaciones sociales y sectores ciudadanos.

Así, Héctor Carpio, del cantón Nabón, manifestó que las propuestas del sector montubio y campesino han sido recogidas en el cuerpo legal, pues no puede haber revolución agraria sin una ley de tierras, a la vez que sostuvo que la propuesta debe considerar los recursos para la compra de tierras, así como el desarrollo de los proyectos productivos, riego y créditos para estos sectores. Esperan hasta el 31 de octubre presentar un planteamiento concreto sobre este tema para hacer llegar a la comisión.

Leonardo López, al hablar de los latifundios, pidió analizar detenidamente el texto sobre este tema, ya que si se mantiene tal como está, se permitirán los latifundios, sobre todo en la región costa.

Carlos Morocho, de la asociación de colonos y migrantes de la hacienda Shiña pidió que se les ayude a la desmembración y levantamiento planimétrico de este territorio, porque hay 230 compradores.

Carlos Julio López, delegado de las organizaciones sociales de la provincia de Loja, señaló que en esta jurisdicción se conformó la plataforma provincial de soberanía alimentaria y en cuatro mesas temáticas discutieron los problemas de los pequeños productores y en esas reuniones se vio la necesidad de establecer con claridad temas relacionados con la extensión y producción agropecuarias, así como políticas públicas que permitan impulsar el mercado agroecológico con enfoque social y solidario que garantice la soberanía alimentaria de pueblos, nacionalidades y de la ciudadanía en general.

Eduardo Chalco calificó de positivo este tipo de encuentros ciudadanos que se dan en territorio para transparentar el trabajo de la Asamblea Nacional. Dijo que en la parroquia Octavio Palacios hay territorios comunales que no cuentan con escrituras por la serie de trámites, tierras que se dedican específicamente a agricultura, ante lo cual el Presidente de la Comisión aclaró que las tierras comunales no pueden ser afectadas.

Nicolás Guamán, delegado de los sectores campesinos del Cañar, sostuvo que es necesario especificar cómo se realizarán los créditos, con qué tasas de interés, cuáles son las garantías y acceso a la forma de pago y conocer a ciencia cierta qué entidad financiera está involucrada para la compra de terrenos.

Carlos Morales denunció que la parroquia Molleturo ha sido objeto de actuaciones irresponsables por parte de algunos funcionarios públicos, otorgando escrituras dobles, por ello, pidió que se establezca sanciones drásticas a quienes actúan de esta manera.

El Vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño, aseveró que la normativa se construye con la ciudadanía y ese es el objetivo de acudir a territorio y recibir los aportes de los sectores sociales.

El presidente, Miguel Carvajal, acogiendo el pedido de un ciudadano, dijo que las observaciones y criterios a este cuerpo legal lo pueden remitir a través de la página web de la Asamblea Nacional, hasta el 31 de octubre, argumentos que servirán para preparar el informe para primer debate.

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