Política

La fiscalización tiene una nueva cara: Gabriel Rivera

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Quito.- El presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, Gabriel Rivera, destacó que en este año este organismo legislativo desarrolló una fiscalización sistemática reactiva, pero sobre todo preventiva, para lo cual se recibió a ministros de varias carteras de Estado, organismos de control, como las superintendencias, titulares de la Contraloría, de la Procuraduría, la Fiscalía, las defensorías Pública y del Pueblo, entre otros altos funcionarios, para tratar temas específicos, atendiendo los intereses de la ciudadanía.

Rivera López subrayó que hoy la fiscalización tiene una nueva cara, que dista mucho de la práctica que se aplicaba en el viejo Congreso, en que se entendía este proceso como sinónimo de juicio político y la destitución de los funcionarios públicos; era fuente de chantaje para obtener beneficios políticos particulares y personales. La fiscalización con nueva cara recobra su significado como mecanismo de seguimiento de las políticas públicas, como medio idóneo para velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley, afirmó.

Recordó que, en el pasado, los legisladores eran quienes nombraban a los titulares de los organismos de control y a los miembros de la Corte, del Tribunal Constitucional, entre otras entidades, lo cual hacía que esas instituciones estén sometidas a los arbitrios del Congreso. Ahora, hay total independencia entre las instancias públicas y, en ese sentido, la fiscalización actúa como mecanismo de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que éstas tienen con la ciudadanía.

Explicó que la fiscalización se efectúa en diferentes niveles, uno de ellos, la solicitud de información a los funcionarios públicos, que en este período ha significado el mecanismo más numeroso al que han acudido los legisladores, desde el retorno a la democracia, en 1979; el control político o seguimiento de las políticas públicas.

También, dijo, se realiza un control concurrente, por ejemplo, en el caso de la aplicación de la Ley de Comunicación, llamamos a la superintendenta de Compañías, Suad Manssur, con propósito de conocer por qué las entidades bancarias no han desinvertido en el sector de las empresas de comunicación, eso es lo que se denomina control concurrente. Allí tuvimos importantes resultados, agregó.

Igual, en el proceso de fiscalización a la compañía aérea Tame, se investigó por qué los ecuatorianos residentes en Venezuela debían pagar 2 500 dólares por los pasajes, resultaba más caro que irse a China. Fuimos a Venezuela y se logró separar de sus funciones a la gerente de Tame en esa nación por esta actuación indebida, informó.

Son más de 16 casos que han sido materia de análisis en la Comisión de Fiscalización, aseveró, uno de ellos el de la Empresa Eléctrica Quito, entidad en la cual no se cumplió el Mandato Constituyente 2, en el cual se regula el pago de las jubilaciones patronales, a lo cual se suma un Decreto Ejecutivo sobre la misma materia. Resulta que el gerente de esta empresa, desconociendo la citada normativa, seguía pagando jubilaciones por un mil, dos mil y tres mil dólares. Se separó a este funcionario, se dejó de pagar esos recursos excesivos y eso demostró que sí había cómo aplicar el referido Mandato. Por supuesto, se dio el derecho a la legítima defensa, para que explique por qué siguió pagando esos valores, aclaró.

En definitiva, enfatizó, lo que buscamos con una fiscalización seria es velar por la correcta aplicación de las políticas públicas, de manera que no afecten al erario nacional y que vayan encaminadas a mejorar la vida de las ciudadanas y ciudadanos.

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