Política

La Fiscalía de Ecuador pide cuatro años de cárcel para la exvicepresidenta Vicuña por malversación

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Quito (Pichincha).- (@srradioEc).– Tribunal de la Corte Nacional, tras haber escuchado los argumentos y pedidos de los sujetos procesales. El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, solicitó que se aplique el máximo de la pena de cuatro años de cárcel para la exvicepresidenta del país María Alejandra Vicuña por un delito de malversación.

Esta petición supone aumentar la pena de un año por la que fue condenada Vicuña en enero del 2020 por el delito de colusión por las contribuciones ilegales solicitadas a sus excolaboradores cuando era legisladora en el ‘caso Diezmos’ y se ha dado durante una audiencia solicitada por la defensa de la condenada en la que pedían revertir la pena.

El pedido de imponer cuatro años fue secundado por la Procuraduría General del Estado, en su calidad de acusadora particular”, ha informado la Fiscalía en un comunicado.

En primera instancia, la ex Vicepresidenta de la República fue declarada culpable del delito de concusión, acogiendo el pedido de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el Tribunal de juicio consideró atenuantes a la pena, imponiéndole un año de pena privativa de libertad.

En la audiencia de juicio, Fiscalía probó que María Alejandra V. recibió transferencias bancarias de sus tres asesores en su cuenta personal. Estos aportes mensuales solicitados a sus excolaboradores, habrían sido para el financiamiento del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).

Según Fiscalía, con esta actuación, la procesada vulneró el bien jurídico protegido de la eficiente administración pública, siendo el Estado ecuatoriano la víctima directa, causando conmoción social, debiendo considerarse como agravante el haber delinquido en el lugar donde ejercía sus funciones, es decir, la Asamblea Nacional; por lo tanto, debería ser aplicada la máxima pena para este delito.

El pedido de imponer la máxima estipulada por la normativa actual (cuatro años) fue secundado por la Procuraduría General del Estado, en su calidad de acusadora particular.

Por su parte, la defensa de la procesada solicitó al Tribunal de apelación que se revoque la sentencia emitida en primera instancia y que se ratifique su estado de inocencia.

El Tribunal suspendió la audiencia para analizar lo expuesto durante la diligencia y emitir una resolución debidamente motivada

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