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La Defensoría del Pueblo alerta y expresa su preocupación ante el incremento de asesinatos de niños, niñas y adolescentes en el país

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Quito.- (@srradioEc).- Desde el inicio de la pandemia, según cifras de la Fiscalía General del Estado, hasta la semana pasada, se registraron 11 casos de niñas, niños y adolescentes muertos de forma violenta por parte de personas cuidadoras o conocidas.

Ayer una niña de 10 años, que fue reportada como desaparecida, apareció asesinada y arrojada en un costal en un río del sector del Guasmo en Guayaquil. Hoy, en Huigra, se encontró a una niña de 8 años asesinada con signos de haber sido ahorcada. Son 13 niñas, niños y adolescentes asesinados durante la emergencia sanitaria.

En una sociedad como la ecuatoriana no es concebible que niños y niñas mueran antes del año de edad por situaciones precarias; que sean abusados sexualmente por gente conocida y cercana a ellos; que sean maltratados física y emocionalmente por sus padres, parientes, profesores y sociedad en general; que niñas y adolescentes de 10, 11, 12, 13 o más años sean madres, muchas de ellas, sin otro proyecto de vida que sus hijos o hijas; niños niñas y adolescentes que trabajen sin asistir a la escuela y disfrutar el derecho al juego. Sin embargo, estos problemas multicausales existen cotidianamente.

Toda esta violencia estructural tiene como génesis un sistema de desigualdad y como resultado, muchas veces, la muerte. En este sentido, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar todos los actos que vulneren los derechos de niños y niñas, con el objetivo de lograr un efectivo ejercicio de derechos y evitar la impunidad.

Cabe tener presente que, frente a la obligación de tutela, la regla fundamental es no olvidarnos de que son niños y niñas. Parece lógico, pero muchas veces lo olvidamos, y nos encontramos con criterios recurrentes como: “han perdido su infancia”, “son adultos y adultas precoces”, “son víctimas de una violencia que ha matado sus capacidades”, “no tienen oportunidades”.

Las niñas, niños y adolescentes, sin distinción alguna, son sujetos plenos de derechos, pero con necesidades especiales y urgentes de protección.

Con estos antecedentes, como Defensoría del Pueblo, Exhorta al Gobierno nacional, a priorizar la creación de espacios seguros para nuestras niñas, niños y adolescentes, donde el Estado, la sociedad y la familia sean garantes del disfrute de sus derechos.

A la Función Judicial, en particular a la Fiscalía General del Estado, a investigar y juzgar, en un plazo razonable y con la debida diligencia, todos los casos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, garantizando la reserva, protección y asistencia a las víctimas, testigos/as y otros/as participantes del proceso.

A la Asamblea nacional, a que se promueva un debate técnico, participativo y con celeridad respecto a la necesaria reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, considerando la participación activa de niños y niñas en el proceso y las diversas realidades e interseccionalidades existentes en el país.

PRONUNCIAMIENTO

Finalmente, exigimos a todas las autoridades públicas a que se dé atención prioritaria al diseño de normativa y ejecución de políticas públicas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, enmarcadas en su interés superior.

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