Política

La comunicación debe ser considerada como servicio público: Patricio Barriga

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Quito.- La comisión ocasional que analiza las enmiendas constitucionales recibió los criterios de Patricio Barriga, presidente del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación (Cordicom) y de Carlos Ochoa, Superintendente de Comunicación, quienes manifestaron estar de acuerdo con la propuesta en el sentido que la comunicación sea considerada un servicio público.

Patricio Barriga dijo estar convencido que la visibilización de la comunicación como un servicio público en el texto constitucional protegerá de manera decidida y establecerá una responsabilidad, sin discusión alguna, por parte del Estado para crear las condiciones materiales e inmateriales para el pleno ejercicio del derecho de las personas a la comunicación e información.

El funcionario recordó que la comunicación y la información constituyen un derecho, un servicio público prestado por operadores públicos, privados, comunitarios que tienen que observar el respeto a los derechos humanos a la comunicación.

Esta propuesta contribuirá aún más al desarrollo de una sociedad justa y equitativa que no debe ser vista como un hecho común, sino como un compromiso que contribuirá al desarrollo de nuestro pueblo.

El Consejo de Regulación representa el interés de la ciudadanía que ha mirado con mucha expectativa la vigencia de la Ley de Comunicación, porque a partir de ella se puede establecer y crear las condiciones materiales para el ejercicio pleno de los derechos a la comunicación, de manera que “lo que buscamos en esa línea es defender lo que ha sido una conquista ciudadana con las nuevas reglas de juego para una nueva sociedad, a fin de materializar una profunda transformación social”.

Entre tanto, el Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, señaló que el servicio público de comunicación debe ser una garantía institucional y administrativa que permita ejercer a los ciudadanos/as sus derechos a la comunicación, cumpliendo siempre estándares de cobertura de calidad compatibles con la convivencia democrática, pero sobre todo, con el respeto a los derechos humanos.

Bajo estos argumentos instó a presentar un informe al Pleno de la Asamblea Nacional aprobando la enmienda que permite establecer el servicio público de comunicación en la norma de mayor jerarquía del ordenamiento jurídico.

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