Inseguridad y corrupción, la mayor preocupación de la Asamblea Nacional

Quito.- El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, cumpliendo el compromiso con el país, priorizó el tratamiento de las reformas penales, que buscan contribuir en la lucha contra la inseguridad y la corrupción.

Justamente, en la sesión 611, el Pleno continuó con el trámite del informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). En la jornada, que duró cerca de seis horas, intervinieron 31 parlamentarios.

El comiso sin sentencia, la despenalización del abordo en caso de violación, la tipificación de la desaparición involuntaria de personas, el abigeato, incremento de penas para delitos atroces como secuestro, violación, asesinato; maltrato animal, la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, el porte de armas blancas, pornografía infantil, entre otros, fueron los temas de mayor discusión.

Los asambleístas destacaron que el reforzamiento de la figura del comiso sin sentencia permitirá recuperar bienes y dineros mal habidos producto de la corrupción, pero se debe garantizar el debido proceso. También que en delitos graves no puede caber la mínima posibilidad que los procesados se acojan a medidas alternativas.

Igualmente, se refirieron a la necesidad de imponer fuertes penas a los delitos de abigeato (robo de ganado), tomando en cuenta el perjuicio que causa a la economía de los campesinos. Hubo coincidencia en imponer sanciones a los vehículos y camales que transportan y faenan ganado robado, respectivamente.

El tema del aborto mantiene dos corrientes: los que defienden la vida desde su concepción y quienes argumentan que se debe incorporar la causal del aborto no punible en caso de violación, garantizando la autonomía de la mujer y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, lo que forma parte de los derechos humanos.

Además, se resaltó la trascendencia de tipificar el delito de desaparición involuntaria de las personas. Existió el planteamiento de incluir que la acumulación de indicios sea considerada como prueba, que se presumirá que el ciudadano desaparecido está con vida, a fin de que las investigaciones prosigan hasta llegar a la verdad de los hechos.

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