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Informe de veeduría judicial recoge quejas contra jueces

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Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- Baltasar Garzón, coordinador de la veeduría internacional del proceso de reestructuración de la Justicia, no quiere que su informe preliminar que presentó el 11 de mayo pasado y que señala ciertas irregularidades en la designación de jueces nacionales se use como herramienta política.

Sin embargo, como resultado de esas irregularidades, en el Parlamento se debate un juicio político planteado por el asambleísta de la ID Andrés Páez contra los miembros de la Judicatura, quienes organizaron el concurso de designación de jueces nacionales, tres de los cuales han sido llamados a confesión judicial.

Garzón llegó al país el lunes pasado, en su quinta visita oficial, para verificar el avance del eje de infraestructura civil y tecnológica que llevan adelante los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), Paulo Rodríguez, Fernando Yávar y Tania Arias quien han minimizado las observaciones preliminares de Garzón.

Páez, apoyado en el informe de Garzón, cree que los jueces que él cuestiona deben salir de la Corte de inmediato.

Insiste en que el CJT favoreció las candidaturas de Mariana Yumbay, Lucy Blacio, Ximena Vintimilla, Wilson Merino, Wilson Andino y Paúl Íñiguez con puntos que, según él, no merecían. Su denuncia sobre esos jueces, excepto contra Íñiguez, fue recogida por la veeduría.

“El informe es preliminar y solo eso”. “No habrá un pronunciamiento respecto de los temas de selección de jueces sino hasta diciembre”. Esas fueron las respuestas de Garzón a las inquietudes sobre la conformación de la Corte. Se fue el viernes pidiendo que dejen trabajar a los veedores.

Gremios de abogados lamentan que Garzón quiera ahora “bajarle el tono” a lo que ya expuso en su informe. Páez dice que “las irregularidades no van a cambiar” por más que los veedores dejen para el final su pronunciamiento sobre el tema.

El oficialista Juan Carlos Casinelli, en una entrevista en Ecuavisa, insistió en el carácter preliminar y no definitivo del informe que presentó Garzón, tratando de minimizar las conclusiones del informe.

En ese documento, los veedores indican que la legitimación del proceso de selección proviene de la consulta popular del 7 de mayo pasado, lo que fue resaltado por Casinelli y por el propio Garzón.

Pero en su informe también señala “aparentes irregularidades referentes a la fase de méritos, pruebas orales y a la entrevista oral”. Y agrega que emitirá las correspondientes conclusiones y recomendaciones en su informe final, previsto para diciembre, “una vez que (se) haya completado la exhaustiva indagación iniciada sobre tales aspectos”.

Casinelli sostuvo lo mismo que ya han manifestado el presidente de la República, Rafael Correa y el vocal del CJT, Fernando Yávar, que Páez busca en este hecho su propio interés: asegurarse un periodo más como asambleísta.

¿Usted será o no candidato para la reelección?. “Eso lo decidirá mi partido, no importa que digan lo que quieran de mí, aquí lo importante es que nadie ha podido negar lo que denuncié y lo que dice la veeduría”, responde el legislador de la Izquierda Democrática.

Antes de volver a España, el viernes, Garzón exhortó a la clase política a que deje trabajar a los observadores que siguen de cerca el proceso de reestructuración de la justicia.

La Federación Nacional de Abogados del Ecuador deploró la actuación de Garzón por haber sostenido que las conclusiones de su primer informe, en el que se expone “aparentes irregularidades”, están siendo malinterpretadas por grupos de oposición.

La Federación y los colegios de abogados del Guayas, Loja, Esmeraldas y Santo Domingo denunciaron por separado a Garzón ante la Relatora Especial para la Independencia de Magistrados de la ONU, porque lo consideran cómplice de la designación de los jueces que ha cuestionado Páez.

Esa relatoría, según consta en el informe de Garzón, ya le ha pedido información al Estado “sobre el desarrollo de la reforma de la Función Judicial”.

Yávar dijo hace dos semanas no saber sobre la existencia de ese pedido de información, mucho menos qué indaga la relatoría. La denuncia contra Garzón que los abogados remitieron el viernes a dicha instancia internacional es un alcance a la que hicieron hace una semana, cuando se quejaron por la falta de independencia de poderes.

La veeduría, que deja para el final de su labor su apreciación sobre la elección de jueces nacionales, no supervisó este proceso. En el informe preliminar los observadores dejan constancia que su labor comenzó el 26 de enero de este año, un día después de que los jueces fueron posesionados en sus cargos al haber sido declarados por el CJT como ganadores.

Incluso dice la veeduría que este concurso y la evaluación a los judiciales son los “puntos críticos” del proceso. Esa evaluación empezó el 26 de noviembre del año pasado, por lo que tampoco fue supervisada.
No obstante, la veeduría dice en su informe preliminar que su trabajo no solo consiste en validar esos procesos, aún así ha pedido información de los mismos, incluso al CJT.

Aunque Garzón resaltó el carácter preliminar de su informe en una de las recomendaciones, expresa las mismas críticas que hicieron en su momento los judiciales y políticos como Paco Moncayo, César Rodríguez, César Montúfar, entre otros, cuyos criterios constan en el informe presentado hace un mes.

Una de las recomendaciones dentro del eje de talento humano señala: “Proponer que la audiencia o entrevista final en el proceso de evaluación para acceso a la función judicial no sea el último acto de aquel y se reconsidere así mismo la excesiva puntuación. (se otorgaba 10 máximo)”.

Los asambleístas que se entrevistaron con los veedores indicaron que esta parte era la más discrecional del concurso. De hecho, el informe de los vee

Apuntes: Reestructuración

Proceso

Este proceso de selección de los nuevos jueces, desarrollado a través de un concurso de méritos y oposición a cargo del Consejo de la Judicatura Transitorio, demoró cinco meses.

Costo de veeduría

El trabajo de veedores internacionales, liderado por el juez español Baltazar Garzón, tiene un costo de $ 550.000 y, según el cronograma, se prevén cuatro visitas durante el periodo de reestructuración del sistema de justicia.

Textuales: Protagonistas
Baltasar Garzón

Veedor internacional
“No entraré en el ámbito de discusión o debate político, lo que pido es que se deje a los veedores hacer su trabajo”.

Andrés Páez
Asambleísta de ID

“Los vocales del CJT deben corregir su error, por decir lo menos, o serán cómplices de estos jueces chimbos”.

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