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ID propone fuero ciudadano para quienes denuncien actos de corrupción

ID propone fuero ciudadano para quienes denuncien actos de corrupción
julio 17
20:31 2018
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Quito.- La legisladora Wilma Andrade (ID) presentó el proyecto de Ley Orgánica Informante Cívico, que tiene por objeto otorgar un Fuero Ciudadano a las personas o servidores públicos que denuncien actos ilícitos y hechos de corrupción.

Este fuero ciudadano, según la propuesta, garantizará la protección a las personas que informen sobre actos dolosos ante posibles represalias de carácter físico, como son las agresiones y los atentados.

Los funcionarios públicos que presenten las denuncias tendrán las garantías laborales y legales a través de este marco legal que establece medidas y procedimientos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados, tanto administrativa como penalmente, explicó.

Así mismo, sostuvo que para motivar a los ciudadanos que denuncien actos ilícitos en forma sustentada, se ha previsto un esquema de recompensas que puedan ir entre el 10 y el 30 % del monto denunciado, factor que permitirá recuperar dinero del Estado que haya sido sustraído.

Wilma Andrade informó que se busca articular el combate a la corrupción al trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio como entidad obligada a receptar e investigar las denuncias sobre actos u omisiones que generen corrupción, garantizando la reserva y protección del denunciante.

“Este organismo se encargará de investigar y proporcionar información a la Fiscalía para que judicialice estos casos y los sancione”, dijo al recordar que el artículo 295 del Código Orgánico de la Función Judicial obliga a la Fiscalía General del Estado a organizar y dirigir el Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal.

El nuevo marco legal aborda temas vinculados a la protección legal a los denunciantes, informantes y testigos de actos de corrupción, establece los procedimientos para la presentación de las denuncias; determina el programa de protección de denunciantes, las medidas de protección, el esquema de recompensas y un capítulo sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos por incumplimiento de funciones y los procesos de impugnación y sus acciones.

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