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Quito.- (@srradioEc).- Ante una serie de cuestionamientos al concurso de méritos y oposición, para designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, el Abg. Hernán Ulloa Ordóñez, Vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), solita al Dr. Pedro José Crespo de se remita la información correspondiente de dicho proceso.

Hernán Ulloa Ordóñez refiere que “Considerando los antecedentes anteriormente expuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 208, numeral 8) de la Constitución del Ecuador, le solicito que de manera inmediata me remita un informe con los descargos correspondientes a los hechos denunciados y descritos por los postulantes quejosos, así como un informe pormenorizado de la anomalía del sistema que provocó que todos los concursantes sean notificados con un mismo correo y una misma nota, por lo que, se deberá especificar de manera pormenorizada los errores humanos o del sistema que ocasionaron dicha anomalía; para lo cual, en el caso de ser errores humanos, se servirá proporcionar los nombres de los funcionarios presuntamente responsables con el objeto de solicitar sus comparecencias ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para las respectivas explicaciones y sustentación de sus actos”.

“Para acrecentar este problema, varios postulantes han hecho pública su renuncia al concurso, como el caso de la Doctora Ivonne Núñez, quien ha manifestado su inconformidad, dejando un velo de duda al concurso de selección; en el caso de otros, han optado por presentar acciones constitucionales con el objeto de suspender el desarrollo del Concurso Público de Méritos y Oposición para la selección de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia”, puntualiza.

El representante del CPCCS explica que “Como es de su conocimiento, en el Código Orgánico de la Función Judicial (Art. 182), establece que la designación de los Jueces de la Corte Nacional dura nueve años; no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años, razón por la cual el Consejo de la Judicatura había previsto designar a sus 16 nuevos jueces hasta el 15 de enero de 2021; fecha que modificada y en su lugar, ahora la selección se alargará hasta el 4 de marzo del 2021. Este ajuste de fechas significará, además, que los actuales jueces se prorroguen en funciones por cerca de dos meses”.

Mediante resolución 055-2020 del pleno del Consejo de la Judicatura, de fecha 31 de mayo de 2020, resolvió expedir EL REGLAMENTO PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS, IMPUGNACIÓN Y CONTROL SOCIAL PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS JUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, en el cual se establecieron dos nuevos parámetros para la selección: la legitimidad y la transparencia.

Sin embargo –dice- en diferentes denuncias efectuadas por la ciudadanía y que fueran reproducidas por los medios de comunicación social, se ha generado especulaciones sobre una posible falta de transparencia en torno a las fallas técnicas y retrasos que se han generado en el concurso de selección; según explicaciones de Consejo de la Judicatura, por un recalentamiento en el data center de la Función Judicial que provocó un apagón de ciertos equipos y servidores, motivo por el cual en la actualidad es prácticamente imposible acceder a documentos que están en el sistema sobre el proceso de selección.

El texto de ley, antes referido dice: «Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley: 8. Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos, asevera.

Hernán Ulloa Ordóñez señala que las personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley». Dicha normativa constitucional, la complemento con lo descrito en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal que dice lo siguiente: «Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.- La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años».

La descripción de dichas normativas no tiene el ánimo de provocar un malestar en sus funciones, sólo es una formalidad ante nuestra obligación como funcionarios públicos de rendir cuentas de nuestra labor a la ciudadanía.