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Hasta fines de junio se resolverá los reclamos por cobro excesivo de energía, según ministro del ramo

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Quito.- La devolución por el cobro excesivo en el servicio de alumbrado público se ha devuelto en su totalidad a los usuarios, según el ministro de Energía, Carlos Pérez. En cambio, los reclamos por la facturación se han resuelto en un 85% y hasta finales de este mes se concluirá con todos los procesos. Sin embargo, algunos legisladores y la Defensoría del Pueblo demandaron que no solo se restituya los cobros ilegales, sino que se repare a los usuarios afectados.

El Ministro compareció ante la Comisión del Desarrollo Económico para solventar denuncias ciudadanas sobre los altos valores en el cobro del servicio de energía eléctrica.

En cuanto a alumbrado público informó que se han evidenciado más 671 mil notas de crédito, por un valor de 3,7 millones de dólares, que han sido acreditados a los usuarios. Además, aclaró que el propósito de la medida aplicada en 2019 no fue recaudatoria, sino que pretendió corregir algunos errores. No obstante, continuarán con el mismo esquema de cobro de 2018 para que no se aplique ningún costo adicional.

Por su parte, en cuanto a los reclamos por facturación indicó que se han atendido más de 50 mil casos en Guayas, Esmeraldas y Sucumbíos, entre otras provincias. Al mismo tiempo, informó que la empresa contratada en 2007 para la lectofacturación, no ha cumplido con sus responsabilidades, por lo que el 31 de enero de 2019 se ha dado por terminado el acuerdo y se le ha impuesto una multa por 1,4 millones de dólares.

El problema, en estos casos, según el Ministro fue que la contratista Sercoel, que subcontrató a otra, había fijado cobros no por la energía entregada, sino por promedios o supuestos. Pérez sostuvo que, en cuanto se subsanen todos los problemas, se volverá a convocar a una nueva licitación para reemplazar a Sercoel.

Desde la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión, detalló las medidas que ha realizado esta institución frente a los reclamos que ha recibido. Recordó que el acceso a los servicios públicos domiciliados es un derecho y este ha sido vulnerado, por lo que se lo debe reparar.

Lo que ha hecho la Corporación Nacional de Electricidad (Cenel) es suspender la medida y devolver por un cobro ilegal, pero eso no puede ser considerado como reparación. Lo que la Defensoría pidió es cesar el cobro ilegal, devolución del dinero mediante notas de crédito e indemnización a los usuarios por una prestación negligente. Sin embargo, no hay un solo ciudadano que haya recibido esa medida, agregó.

Con esa observación del Defensor del Pueblo coincidió el asambleísta Guillermo Celi, quien dijo que se ha afectado al bolsillo de los ciudadanos por la inoperancia en la prestación de un servicio público y que para ello existe la garantía de terceros. En cambio, Fernando Burbano sugirió que esta institución diga a los parlamentarios qué pueden hacer desde sus competencias para que las acciones de la Defensoría puedan ser acatadas.

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