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Hasta el 9 de marzo tiene el Ejecutivo para pronunciarse respecto del proyecto de Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999

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sr.crisisbancariaQuito.- Según el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, tiene hasta el 9 de marzo para pronunciarse respecto del proyecto de Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, una vez que la Asamblea Nacional, remitió el texto final el pasado 7 de febrero.

El artículo en mención determina que luego de la aprobación del proyecto de ley, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional lo enviará al Ejecutivo, para que el Mandatario lo sancione u objete de forma fundamentada. Sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentro del plazo máximo de 30 días posteriores a su recepción por parte del Presidente de la República, se promulgará la ley y se publicará en el Registro Oficial.

La ley prevé la posibilidad que el Ejecutivo exponga sus observaciones mediante veto parcial, en cuyo caso el proyecto es devuelto a la Asamblea Nacional para que, dentro de 30 días, se pronuncie.

El proyecto, de iniciativa del Ejecutivo, da por concluidos los procesos de pago a miles de acreedores perjudicados de la banca cerrada, con esquemas que permiten facilitar el cobro de la cartera adeudada, restituir al pueblo ecuatoriano la confianza en el sistema financiero y en las políticas gubernamentales de supervisión y control del sistema financiero, así como optimizar los recursos generados por la venta de activos y recuperación de cartera de las instituciones financieras extintas y redimir las obligaciones del mayor porcentaje de acreedores perjudicados por la crisis bancaria.

La normativa, entre otros aspectos, establece el traspaso de los bienes muebles e inmuebles a las entidades correspondientes (ministerios de Agricultura, Cultura, Inmobiliar); determina un recálculo de las deudas, el pago de acreencias al sector público y privado con prelación. El Banco Central tiene un plazo de 120 días para liquidar los fideicomisos; las fiduciarias 150 días para transferir su patrimonio los bienes inmuebles.

El Banco Central será el encargado de realizar el pago de acreencias a las personas naturales y jurídicas no vinculadas hasta los 75 mil dólares, que corresponde al 93%. Pago que concluirá en 365 días, a partir de la publicación de esta ley.

En cuanto a los migrantes, el Banco Central remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la información necesaria para que se realice la difusión y comunicaciones que correspondan para la promoción de la presente Ley para los ecuatorianos residentes en el extranjero. Adicionalmente, estarán exentos del pago de cualquier valor por concepto de tasas consulares para el otorgamiento de poderes, que tengan relación con las disposiciones de esta Ley.

Para garantizar que el beneficio de la ley se focalice en los deudores más pequeños, que son la mayoría, y en quienes tengan el mejor historial de pagos o revelen voluntad de pago, se propone introducir los siguientes criterios: deudores con capital inicial de hasta 100 mil dólares se benefician directamente; con capital inicial de más de 100 mil hasta dos millones se benefician si registran pagos o pagan el 10% del capital inicial (en seis meses); con capital inicial de más de dos millones se benefician si registran pagos mayores al 50% del capital inicial o pagan, por lo menos el 35% del capital inicial (en seis meses).

El plazo para el pago del saldo recalculado será de seis (6) años, al cual se le aplicará la misma tasa de interés anual del 5%. El primer año será un período de gracia, en el que correrán intereses, durante el cual el deudor no estará obligado a realizar pagos, salvo su voluntad expresa en contrario.

El recálculo se realizará tomando el valor del capital inicial entregado en crédito, al cual se le aplicará la tasa de interés anual del 5%, por el plazo transcurrido desde la fecha de concesión del crédito, hasta la publicación de esta Ley.

Los dividendos o abonos parciales que los deudores hayan pagado serán aplicados directamente como abono al capital inicial, indistintamente de las fechas y tiempos reales en los cuales éstos hayan sido efectuados por los deudores. Sobre el saldo de capital se aplicará la tasa del 5% de interés anual que se mantendrá vigente desde la fecha de su concesión hasta la cancelación total de la obligación.

Se establece que el incumplimiento de dos pagos consecutivos o la falta de concurrencia a la suscripción de los documentos que formalicen la obligación de pago, suspenderá los beneficios concedidos por esta Ley y reactivará o será causal para iniciar inmediatamente los procesos de coactiva y de justicia ordinaria por el monto total de la deuda, que se mantuviere impaga, sin el beneficio del recálculo; aplicando la tasa de mora vigente a la fecha de suspensión de los beneficios.

Los pagos que se hubieren hecho al amparo de esta Ley serán aplicados conforme a lo dispuesto en el artículo 1611 del Código Civil. El fiador o aval de las obligaciones originales objeto de la reestructura continuará siendo garante de las obligaciones recalculadas, salvo que el deudor principal rinda garantía real suficiente.

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