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Gustavo Jalkh presentó pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización

Gustavo Jalkh presentó pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización
mayo 31
06:59 2018
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Quito.- En su ejercicio del derecho a la defensa, dentro del pedido de juicio político planteado en su contra, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, reiteró que la figura del error inexcusable ha servido para mejorar la eficiencia del sistema judicial. “Si no les gusta esta figura, que fue aprobada en la consulta popular de mayo de 2011, deberían buscar un mecanismo para reversar el pronunciamiento popular”, subrayó.

Al inicio de su intervención, Jalkh cuestionó la validez jurídica del documento de Contraloría que constan en la solicitud del juicio político como antecedente del proceso. Argumentó que la Contraloría certifica que dicho documento no corresponde a la versión oficial de la institución.

En la Comisión de Fiscalización, Gustavo Jalkh aseguró que si dicho informe tuviera valor jurídico, de ninguna manera demostraría una actuación indebida del Consejo de la Judicatura porque la observación no es al concurso, sino el manejo del banco de elegibles.

Error inexcusable

Respecto de la aplicación de esta figura en los procesos disciplinarios, Gustavo Jalkh reiteró que las sanciones por esta vía representan un porcentaje mínimo en el universo del ejercicio de la facultad disciplinaria del Consejo. “Aquí no ha habido una aplicación política de la figura del error inexcusable, ni una actitud interesada contra alguien en particular”, añadió.

En torno a la competencia disciplinaria del Consejo de la Judicatura, recordó que según la normativa vigente el Consejo es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, es decir, esta disposición le da un carácter exclusivo y excluyente para ejercer la facultad disciplinaria.

Insistió en que las sanciones por error inexcusable es absolutamente mínima, con un número de 2 083 jueces en 2017 solo hubo cinco sanciones, lo cual equivale al 0.2 %.

Gustavo Jalkh, al cierre de su argumentación, expresó que le enorgullece servir al país desde el Consejo de la Judicatura, haber cumplido sus funciones a cabalidad.

También los vocales

Mientras tanto, Néstor Arbito, Karina Peralta y Rosa Jiménez, vocales principales del organismo, solicitaron a la Comisión de Fiscalización que archive la solicitud, argumentando que no ha existido incumplimiento de funciones.

Néstor Arbito comentó que en la demanda de juicio político los proponentes mencionan la existencia de cinco causales para iniciar el proceso, sin embargo, en el expediente solo aluden pruebas para cuatro posibles causales, mientras que sobre los documentos aportados como pruebas se incluye una síntesis de informe de Contraloría, que la propia entidad de control se negó a certificar porque no corresponde a documento oficial alguno.

Añadió que las responsabilidades que se establecen en el informe de Contraloría no están dirigidos a los vocales del Consejo de la Judicatura, sino de los directores.

Entre tanto, Karina Peralta reseñó varios de los cumplimientos de funciones, como haber resuelto la situación que se vivía en la Función Judicial, con un mínimo número de jueces titulares y la presencia de funcionarios temporales designados sin haber desarrollado concurso alguno.

“Hemos aportado para el fortalecimiento de la carrera judicial, la valoración técnica, con parámetros cuantitativos y cualitativos, la creación de la Escuela de la Función Judicial, que garantiza la probidad en el desempeño de los funcionarios judiciales, así como la implantación de la oralidad en las materias no judiciales, que significó una verdadera transformación de la justicia”, dijo.

Mientras Rosa Elena Jiménez aseguró que su presencia como vocal principalizada desde 2015 apoyó todo lo relacionado con defensa de los derechos de la mujer, de los niños y adolescentes, así como para el fortalecimiento institucional de la Función Judicial.

Alejandro Subía, también vocal principal de este Consejo, se abstuvo de intervenir y solo indicó que los argumentos de su defensa han sido entregados por escrito.

Igualmente, al inicio de la sesión de la Comisión de Fiscalización ejercieron su derecho a la defensa los vocales suplentes María América Dávalos y Carlos Teodoro Delgado, quienes aseguraron que participaron esporádicamente en las sesiones para las cuales fueron convocados y no tuvieron ningún tipo de participación administrativa dentro del Consejo de la Judicatura. Marco Antonio Maldonado y Glenda Calva Chávez remitirán su ponencia por escrito.

La presidenta del organismo legislativo, María José Carrión, reiteró que durante la sustanciación de esta solicitud de juicio político se ha garantizado el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa. “Vamos a valorar las pruebas que han sido aportadas y, en su momento, tomaremos la decisión que corresponda”, agregó.

El próximo lunes, a las 15h00, se reunirá la Comisión para iniciar el análisis de las pruebas y elaborar el informe que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional.

Finalmente, con 10 votos afirmativos, la Comisión resolvió solicitar a la Presidencia de la Asamblea autorice la prórroga de cinco días para la entrega del respectivo informe, considerando el volumen de la información que ha sido presentada, tanto por los solicitantes del juicio político, cuanto por los funcionarios interpelados.

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