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CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Congreso guatemalteco dio marcha atrás a un polémico presupuesto de la nación para el próximo año cuya aprobación desencadenó protestas ciudadanas contra el gobierno del presidente Alejandro Giammattei y el Legislativo al criticar que recortaba fondos para la atención de la salud y la educación.

Apoyado por la junta directiva y aliados, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, informó que suspendían el trámite del presupuesto, que había sido aprobado por 116 de 160 diputados la madrugada del miércoles. Con la medida, el presupuesto no será enviado para su publicación o veto presidencial, con lo cual quedaría suspendido.

Sin embargo, no estaba claro aún qué pasará ahora con la política presupuestaria para el próximo año. Roberto Alejos, expresidente del Congreso y exconstituyente, dijo que la Junta Directiva del Legislativo por sí sola no puede detener el trámite del presupuesto.

Señaló que si bien los diputados mencionan un precedente de 2017 cuando dieron marcha atrás a una reforma a la justicia que también generó el repudio en la población, este no era el paso legal a seguir en el tema de la ley de presupuesto.

Para Alejos, lo que corresponde es que se deje que la ley llegue al Ejecutivo y que este la vete. Si eso no ocurre y la ley se publica y entra en vigencia, el Congreso posteriormente puede modificarla.

“Suponiendo que los diputados lo hicieron con buena intención (anunciar la suspensión), lo están haciendo es para darle la seguridad al pueblo y decirle que ya no hay presupuesto para bajar la tensión con la población, para quitarle esa papa caliente al presidente y que no sea él el que la vete”, afirmó.

Rodríguez, el líder del Legislativo, dijo que varios partidos políticos, que participaron en la aprobación, habían presentado algunas objeciones posteriores.

Samuel Pérez, diputado opositor y que votó en contra de la aprobación, dijo que la Junta Directiva y aliados querían modificar el presupuesto a su conveniencia, y dejó entrever que este fue apenas un punto que colmó la paciencia de los guatemaltecos, hastiados por otros problemas como la corrupción.

“No entendieron nada. El Presupuesto fue el extremo de su descaro, pero el problema es estructural, y lo tienen frente al espejo”, dijo Pérez en su cuenta de Twitter.

El sábado, un grupo de manifestantes furiosos incursionó al Congreso e incendió una parte de sus oficinas. Posteriormente, la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a unas 10.000 personas que protestaban pacíficamente a unas cuadras en la Plaza de la Constitución.

Al menos 12 policías resultaron heridos, así como 15 de los manifestantes, dos de ellos de gravedad por los impactos de bombas lacrimógenas. Según reportes de los medios, hubo al menos una treintena de detenidos, aunque la gran mayoría han sido liberados por jueces al no encontrar pruebas contra ellos.

Giammattei denunció el domingo que las protestas pretendían darle un golpe de estado y pidió a la Organización de Estados Americanos que interviniese para lograr solucionar la crisis hasta ahora más grave de su gobierno.

El vicepresidente Guillermo Castillo, quien públicamente pidió a Giammattei que ambos presentaran su renuncia para salir de la crisis, dijo a periodistas que era importante abrir un proceso de diálogo que incluya a todos los sectores.

“No es posible seguir en estas condiciones, y necesitamos el desarrollo del país, (que) nos sentemos a encontrarle soluciones”, dijo.

“Lo que necesitamos es dialogar, es lo que las personas están queriendo, los sectores quieren ser escuchados, los golpes de estado ya no los da la población, los golpes de estado en muchos países que ustedes conocen se los dan los mismos gobernantes con sus reiterados actos de corrupción, su intolerancia a platicar con la población y decisiones equivocadas en contra del bien común”, agregó Castillo.

Varias organizaciones pidieron una investigación por lo que consideraron el uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes, así como de los actos en que se incendió parcialmente el Congreso. También exigieron la destitución del ministro de Gobernación y del director de la Policía.