Fundamedios respalda informe de la Contraloría de suspender concurso de frecuencias de radio y TV

Quito.- Fundamedios respalda las conclusiones y recomendaciones del Informe Especial realizado por la Contraloría General del Estado al Concurso Público de 1.472 frecuencias a escala nacional. Esta posición la asumimos en coherencia con los señalamientos que hemos realizado a lo largo de este proceso que comenzó en enero del 2016 y que ahora concluye con este informe que confirma las denuncias públicas realizadas por FUNDAMEDIOS durante todo este tiempo sobre falta de transparencia, bases amañadas y favoritismo hacia ciertos grupos mediáticos que concentran frecuencias.

Consideramos que es un tema de principios que los recursos públicos, como las frecuencias de radio y TV deban ser manejados con total cuidado y rigurosidad y no se puede reclamar derechos a partir de procesos que están señalados por la autoridad de control como irregulares e ilegales.

La gravedad de los hechos, que de ninguna forma pueden ser calificados como simples fallas, hicieron que la Contraloría General del Estado haya enviado, este 2 de julio de 2018 a la Fiscalía General, tres informes con indicios de responsabilidad penal relacionados directamente al concurso público de frecuencias que deberán ser investigados por la Fiscalía.

Entre los indicios que señala la Contraloría General, se mencionan hechos como la transferencia de acciones y cesión de participaciones de varias empresas relacionadas al asambleísta Jorge Yunda y su familia, sin contar con la debida autorización de la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel).

La Contraloría también observó posibles indicios de responsabilidad penal en el caso de Televisión Satelital S.A. cuya frecuencia había sido inicialmente descalificada por temas técnicos e incumplimiento de requisitos, pero fue habilitada nuevamente sin un aparente sustento legal. Dicha empresa tiene vínculos con Ricardo Rivera, quien ha sido identificado como tío del exvicepresidente Jorge Glas.

Estos informes se enviaron una vez que la Contraloría General concluyó el examen especial sobre el proceso de concesión de frecuencias, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017. Al respecto, la entidad de control recomendó que se anule el concurso público para la asignación de 1472 frecuencias para radio y televisión.

Para el efecto, dispuso que el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) y la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel), que están a cargo del concurso, acaten la medida que es de obligatorio e inmediato cumplimiento.

En el informe final, que se hizo público este 27 de junio de 2018, la Contraloría General del Estado concluyó que, en varias de las etapas de revisión de los proyectos comunicacionales de los postulantes de frecuencias del Estado se ha «violentado la igualdad de oportunidades y la seguridad jurídica para los participantes».

Entre los hallazgos, el órgano de control informó que se detectaron «irregularidades en la asignación de puntajes, recalificación y descalificación de postulantes». También observó que el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) aprobó un instructivo «con posterioridad» a las bases del llamado, además de un reglamento sin conocimiento de los postulantes.

En otro punto, que ya fue expuesto en la lectura del informe borrador, la entidad advirtió acerca de la existencia de concentración de frecuencias por parte de tres grupos empresariales, identificados con las letras A, B y C y los números de cédula de los implicados.

Anteriormente FUNDAMEDIOS identificó que el primer grupo está relacionado con el asambleísta Jorge Yunda. Al respecto, la Contraloría estableció que fueron 12 empresas relacionadas a este, que postularon para 46 frecuencias 4 de TV y 42 de FM. Del grupo B, que se puede atribuir al empresario mexicano Ángel González, conocido como el «Fantasma», fueron 18 empresas que postularon para 104 frecuencias, 60 de TV y 44 de radio FM y una de radio AM. Finalmente, del grupo C, que se atribuye al empresario manabita Lenín Andrade, se mencionó que 5 empresas postularon para 13 frecuencias, de estas, 11 de FM y 2 de TV (seis matrices en la provincia de Manabí).

La Contraloría también informó que se detectaron cambios en estructuras gerenciales sin autorizaciones de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), así como una «dispersión de documentos» que dificulta la verificación.

Tras el informe, la Contraloría determinó la realización de una nueva auditoría a la adjudicación de frecuencias, que no fueron parte de este examen especial, y que deberá realizarse en 90 días. También añadió que «si existen derechos adquiridos generados por efecto de la emisión del título habilitante, deberán analizarse los casos individualmente».