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Fiscalía presentó propuestas de reformas para combatir la corrupción

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Quito.- Ante la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, el fiscal general del Estado, subrogante, Dr. Wilson Toainga, presentó las propuestas de reformas sobre transparencia, prevención de la corrupción y la sanción de delitos contra la administración pública.

Una de las propuestas planteadas es la reforma al requisito de procedibilidad, es decir el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal, IRP, emitido por la Contraloría General del Estado, para iniciar la investigación en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, pues se constituye en un obstáculo innecesario en relación con las potestades de investigación y ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía.

Además, se refirió a la posibilidad de incluir el comiso sin condena en la legislación penal. El fiscal subrogante explicó que el comiso es una medida efectiva en contra de la delincuencia organizada, cumple fines sancionatorios, preventivos, disuasivos y reparatorios y su objetivo es retener bienes o derechos comprometidos en actividades delictivas.

Actualmente en el artículo 69 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, el comiso tiene ciertas restricciones como por ejemplo: procede cuando la sentencia está ejecutoriada, no contempla la titularidad de los bienes en cabeza de terceros o de personas jurídicas, no se ejecuta con la muerte del acusado, entre otros.

Por ello considera importante que en el país se debata sobre la aplicación de la figura del comiso, puesto que limitaría los recursos económicos de las organizaciones criminales, tomando en cuenta que las herramientas disponibles en el COIP, son limitadas.

Otro de los planteamientos que hizo el Dr. Toainga fue el comiso a terceros, ya que en el COIP no consta la posibilidad de vincular a “supuestos poseedores de buena fe”, independientemente de una nueva investigación por testaferrismo u otro tipo penal. Si se incluiría esta reforma legal se potenciaría la capacidad de que el Estado recupere los activos. El comiso a terceros permitiría incautar y disponer de bienes camuflados en artilugios jurídicos (testaferrismo) y limitaría o coartaría los recursos de la estructura criminal.

También propuso la posibilidad de solicitar ciertas medidas preventivas en la etapa de investigación previa (prohibición de salida del país, incautación, inmovilización de bienes, fondos y demás activos). En la actualidad estas medidas cautelares se piden con el inicio del proceso penal, es decir en la instrucción fiscal.

Según el Fiscal General, subrogante, los hechos demuestran que cuando se inicia una investigación, existe una alta probabilidad de que los sospechosos abandonen el país o transfieran sus activos. Ante esta situación, considera que es prudente tener la posibilidad, bajo el control legal respectivo, de limitar temporalmente la salida del país, así como la incautación anticipada de bienes, tanto de personas naturales como jurídicas.

Finalmente, sugirió la inclusión de la figura de informante interno en la legislación ecuatoriana, que sería la persona que se encuentra dentro de una organización gubernamental o privada que conoce de actos de corrupción que involucran a autoridades. Esta persona sería protegida por las entidades competentes.

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