Política

Fernando Cordero recurre a la ley para decir No al Presidente

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Quito.- (Diario HOY).- La carta del presidente Rafael Correa que cuestiona el supuesto abuso en la fiscalización de algunos legisladores destapó nuevamente las dudas sobre la independencia de funciones.

Solo que, ahora, la crítica presidencial surge justo cuando en la Legislatura se investiga el crédito de $800 mil al argentino Gastón Duzac, concedido por el banco Cofiec. Esta entidad financiera está bajo el control accionario (93%) del Fideicomiso No Más Impunidad, dirigido a su vez por Pedro Delgado, primo del presidente.

La carta del presidente al titular de la Asamblea, Fernando Codero, fue suscrita el 5 de octubre y fue recibida el 9.

En los supuestos abusos, Correa pone de ejemplo un cuestionario de un asambleísta con 120 preguntas para el ministro del Deporte.

Y en otra parte dice: “Se ha intentado desconocer la obligatoriedad de guardar el sigilo bancario, que protege operaciones de depositantes e inversionistas. En fin, a pretexto de fiscalizar se pretende que los secretarios de Estado transgredan principios jurídicos y normas legales que están obligados a preservar”.

En la víspera de que se hiciera pública la misiva, el director del fideicomiso y presidente del directorio del Banco Central, Pedro Delgado, dijo en una entrevista (audio del 8 de octubre) a Ecuadorinmediato: “No vamos a permitir que se siga simplemente (haciendo un uso) político de un hecho complicado y grave como es el caso del crédito del señor Duzac”. Según el personero, “ciertos asambleístas, lo que están dedicados es a fabricar un elevado proceso de desinformación con intención política”.

En su carta, Correa cuestionó que varios asambleístas incumplen con las normas que establecen que los requerimientos de información a los ministros y funcionarios del Estado tienen que pasar primero por la Presidencia de la Asamblea, al solicitarlos de manera directa.

Como era previsible, las referencias presidenciales en una coyuntura legislativa sensible levantaron la ira en la oposición: unos las interpretaron como una nueva interferencia del Ejecutivo y otros, simplemente, como una inocentada. Aunque en la mayoría de sectores se pidió una respuesta institucional.

Esta llegó por la propia iniciativa de Cordero. El titular de la Asamblea contestó en cuatro párrafos las inquietudes presidenciales. Y lo hizo destacando las facultades constitucionales y legales de los legisladores para pedir información a los servidores públicos, así como también el derecho de todos los ciudadanos a solicitar información generada en las entidades públicas y privadas que manejen fondos públicos.

Esto último, dice, conforme al artículo 18 de la Constitución, numeral 2, y a la normativa desarrollada en, entre otros, la Ley de Acceso a la Información.

En su riposta al presidente, Cordero recuerda que las solicitudes de información para eventuales procesos de fiscalización antes estaban limitadas a la decisión del presidente del Congreso y los titulares de las comisiones. Reglas que fueron modificadas, agrega, de acuerdo a los dispuesto en el artículo 18 de la Constitución.

Consecuentemente, dice la misiva, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece como atribución de los asambleístas solicitar directamente la información a los servidores públicos detallados en la Constitución.

Así, la respuesta de Cordero a Correa fue también una contestacion a la oposición que volvió en esta coyuntura a cuestionar la subordinación hacia Ejecutivo.

Precisamente, el papel de la Comisión de Fiscalización ha sido para los opositores un punto crítico en esos propósitos. Y, en particular, en la dirección de la asambleísta Silvia Salgado de un grupo aliado del oficialismo: el Partido Socialista. Bajo esa dirección, todos los procesos seguidos en contra de ministros de Estado han ido al archivo.

En una de las sesiones de estos días de la Comisión de Fiscalización, dentro del caso Duzac, se planteó la posibilidad de que los miembros de ese organismo suscriban un documento de confidencialidad respecto a un documento entregado por el superintendente de Bancos. (LB)

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