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Fernando Cordero dice que César Montúfar confunde términos en pedido

Fernando Cordero dice que César Montúfar confunde términos en pedido
septiembre 24
11:00 2012
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Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- En medio de la polémica por las publicaciones sobre el crédito concedido por Cofiec, banco en manos del Estado, por $ 800 mil al argentino Gastón Duzac, y de la denuncia del legislador de oposición César Montúfar de falta de información para poder fiscalizarlo, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero (AP), detalla los oficios que recibió y despachó en torno a ese caso.

En una carta enviada a este Diario, Cordero explicó que el superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines, solicitó (el 30 de julio del 2012) el criterio de la Asamblea respecto de la prevalencia de las normas que amparan el sigilo y reserva bancarios en razón de haber “recibido solicitudes de varios señores asambleístas, tendentes (sic) a obtener información de movimientos, depósitos, transferencias, etc., de cuentas corrientes, de ahorros y tarjetas de crédito de personas cuyos actos pretenden ser investigados o fiscalizados; o copias certificadas de informes de inspección y análisis practicados por esta entidad”.

Esto hacía énfasis en que, mediante Oficio Nº 073-CMAN.I-2012 del 23 de julio del 2012, “el asambleísta César Montúfar insiste en la entrega de un informe de inspección al Banco Cofiec S.A., sin precisar o fundamentar que dicha institución bancaria se encuentra sometida a un proceso investigativo iniciado por la Asamblea”.

Cordero sostiene que en su oficio OF-PAN-FC-12-Nº 1235 del 20 de agosto del 2012, dirigido al superintendente, se limitó a trasladar a esa autoridad pública “una copia certificada del Informe Nº 263-AJ-AN-2012, del 6 de agosto del año en curso, mediante el cual el asesor jurídico (E) de la Asamblea Nacional emite el criterio jurídico solicitado”.

Y detalla que ese informe del asesor jurídico, “en relación a este tema, hace relación a un criterio jurídico debidamente fundamentado en normas jurídicas vigentes y de obligatorio cumplimiento en materia de sigilo y reserva bancarios, sin que esto afecte al derecho de las personas al libre acceso a la información generada en entidades públicas, pues el propio artículo 18 de la Constitución de la República, en su numeral 2, dispone: ‘No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley’, como ocurre en el caso que nos ocupa”.

Por ello, el presidente de la Asamblea agrega que se debe entender que esta limitación constitucional no atenta contra el ejercicio de la atribución y deber de la Asamblea Nacional de “Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias”. Esto –anota– es lo que está previsto en el numeral 9 del artículo 120 de la Constitución de la República y el numeral 9 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

“Es importante resaltar que el asambleísta César Montúfar, mediante oficio Nº 143-AN-BAF-012, del 3 de julio del 2012, al amparo de lo establecido en los artículos 120 numeral 9 de la Constitución de la República y el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitó al superintendente de Bancos y Seguros, ‘Copia certificada de la auditoría de inspección al Banco Cofiec, correspondiente al periodo enero a marzo del 2012’, en franca ignorancia del contenido de la ley, al confundir los conceptos de ‘inspección’ y ‘auditoría’, que todo iniciado sabe que no son sinónimos, por lo que al primero no corresponde el caso previsto en el inciso final del artículo 90 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que dispone lo siguiente: ‘Cuando se hubiese iniciado un proceso de investigación en una institución del sistema financiero, los informes de auditoría no tendrán el carácter de reservados ni gozarán de sigilo bancario ante el Congreso Nacional…’.

Sin embargo, “en su Oficio Nº 073-CMAN.I-2012, del 23 de julio del 2012, el asambleísta insiste en ese error”.

Para Cordero, esto evidencia “el claro desconocimiento del solicitante –a pesar de su condición de legislador– del contenido del artículo 90 de la citada ley que, en forma expresa, en su inciso primero, establece que: ‘Los informes de inspección y análisis que emitan los funcionarios y empleados de la Superintendencia, en el ejercicio de las funciones de control y vigilancia, serán escritos y reservados’ y que: ‘Estos informes no se divulgarán a terceros, en todo ni en parte, por la Superintendencia, ni por la institución examinada, ni por ninguna persona que actúe por ellos’, salvo el caso de que el Superintendente, habiendo tenido conocimiento de indicios de la perpetración de un delito, los lleve a conocimiento del fiscal general del Estado”.

En su comunicación, Cordero arremete contra Montúfar, al indicar que es “víctima de su propia confusión, conforme consta en su oficio Nº 077-2012-CMAN, del 19 de septiembre del 2012, el asambleísta, titular de una inusitada ‘indignación’, solamente equivalente a su orfandad política, comete el craso y supino error de considerar que la excepción del inciso final del artículo 90 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero aplica ‘cuando se trata de investigaciones realizadas en la Función Legislativa y otros organismos del Estado’ y no en la institución financiera como dispone la ley vigente”.

El oficialista considera que ese comportamiento es impropio de un asambleísta y que no tiene otro objetivo que manipular la opinión pública y victimizarse, aduciendo un supuesto “boicot” a la “obligación constitucional de los asambleístas de fiscalizar los actos de las funciones del Estado y, consecuentemente, el derecho a solicitar información de las distintas entidades públicas”, eso, según Cordero, es para obtener réditos políticos. Y más bien cree que esa actuación distorsiona la labor fiscalizadora que debe realizarse de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y sin violar la ley.

Cordero se queja de que se haya recogido la denuncia del asambleísta bajo los titulares ‘Cordero niega informe acerca del caso Cofiec, denuncia Montúfar’ e ‘Información fue negada alegando sigilo bancario’.

Los actores

César Montúfar

El asambleísta del movimiento Concertación requirió a la Superintendencia de Bancos el informe de auditoría del caso Cofiec para conocer pormenores del préstamo de $ 800 mil dado al argentino Gastón Duzac, y las razones por las cuales este entregó como garantías empresas incautadas, también en poder de la Ugedep y, por ende, de Pedro Delgado.

Pedro Solines

El superintendente de Bancos y Seguros consultó, ante ese pedido, a la Asamblea Nacional sobre la prevalencia de las normas que amparan el sigilo y reserva bancarios. En el oficio SBS-SG-2012-744 del 30 de julio del 2012 también hace referencia a las solicitudes recibidas de varios legisladores para obtener información de movimientos bancarios de otras personas.

Fernando Cordero

El presidente de la Asamblea respondió al superintendente con un informe de asesoría jurídica de la Función Legislativa, en el que constan normas jurídicas vigentes y de obligatorio cumplimiento en materia de sigilo y reserva bancarios. Él calificó de “complot político-mediático” a la difusión de la denuncia de Montúfar sobre un “sistemático ocultamiento de información”.

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