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Exservidores públicos del ministerio de transporte reclaman totalidad de pago de incentivo jubilar

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Quito.- Las denuncias por pagos de incentivos jubilares siguen llegando a la Comisión Ocasional creada para vigilar el cumplimiento de las Obligaciones del Estado con los jubilados. Esta vez los exservidores públicos del Ministerio de Transporte, desvinculados desde 2008, reclaman la totalidad de los derechos económicos correspondiente a sus jubilaciones, de conformidad con el Mandato Constituyente No. 2, que en su artículo 8 habla sobre liquidaciones e indemnizaciones.

Darío Ordóñez, asesor jurídico de la Federación Nacional de Jubilados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, aseguró que los extrabajadores piden que se les reconozca valores indemnizatorios que no fueron reconocidos. Explicó que el personal del sector público que en el 2008 y 2009 se separaron de las diferentes instituciones, según el articulado del referido Mandato Constituyente, establecido en esa ocasión, tenían derecho a recibir una determinada indemnización y muchos de ellos, como los servidores del transporte, recibieron un valor muy inferior.

Sobre esa base dijo que presentaron el proyecto de Ley que Reforma la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, cuyo artículo 64, que reformó el Mandato Constituyente, conculcó sus derechos, porque limitó el pago hasta siete remuneraciones básicas, por cada año de servicios. Esto implicaba que las autoridades tenían discrecionalidad para reconocer el número de remuneración que tenían que pagar, por lo que a unos se les pagó más y a otros menos, recalcó.

Informó que son alrededor de 500 extrabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a nivel nacional, los perjudicados.

Para el presidente de la Comisión Ocasional, Homero Castanier, el primer paso, es analizar el tema Constitucional. Dijo que hay antecedentes de procesos judiciales en donde algunos servidores ganaron, pero en ese sentido, les preocupa el tema del financiamiento.

Aseguró que el propósito de este proyecto de Ley es que abarque a todos los servidores públicos y no solo a los de Ministerio de Obras Públicas; para que se canalice tiene que haber la apertura del gobierno y la no existencia del veto que imposibilite reconocer este derecho.

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