Política

Este 4 de junio, se reinicia de forma progresiva atención judicial en todo el país (vídeo)

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Quito.- (@srradioEc).- El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), mediante resolución 057-2020, dispuso el restablecimiento, de forma progresiva, de las actividades jurisdiccionales a escala nacional en Juzgados, Unidades Judiciales, Tribunales Penales, Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Tribunales de lo Contencioso Tributario, para el despacho de las causas en trámite, así como para el conocimiento de nuevas causas e incidentes.

En rueda de prensa, realizada este miércoles 3 de junio, la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado Sánchez, explicó que las actividades jurisdiccionales se reinician de acuerdo al siguiente cronograma:

Para las causas en trámite que terminen en número par, se podrán presentar escritos en la mañana; mientras que las terminadas en número impar en la tarde. En el caso de demandas nuevas, se deberá solicitar un turno. Los horarios y turnos de atención serán definidos por los directores provinciales del CJ, explicó el vocal, Juan José Morillo.

Respecto de la solicitud realizada por la Fiscalía General del Estado para que se levante la suspensión de plazos y términos jurisdiccionales, la doctora Maldonado recordó que esta es una competencia que le corresponde a la Corte Nacional de Justicia, tomando en consideración que toda decisión que se ha tomado, ha sido con el fin de precautelar la vida y salud de los usuarios y servidores de la Función Judicial.

Sin embargo aclaró que el CJ cumple con su responsabilidad de garantizar la continuidad del servicio judicial y así atender las necesidades ciudadanas. “Hemos venido articulando las acciones necesarias y suficientes para que el sistema judicial funcione. Existen órdenes de allanamiento precisamente porque hay jueces que están atendiendo esos requerimientos”, señaló.

La Presidenta del CJ recordó que, durante la emergencia sanitaria, el CJ ha garantizado la continuidad del servicio de justicia con 670 servidores y 250 unidades judiciales operativas, que atienden casos de flagrancia en todo el país. Entre el 16 de marzo y el 01 de junio, se atendieron más de 7500 casos de este tipo a nivel nacional.

Indicó también que se habilitaron 164 unidades judiciales, con más de 100 juezas y jueces, para atender casos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Estas dependencias atendieron 3700 causas ingresadas entre el 16 de marzo y el 28 de mayo.

La Presidenta del CJ indicó que durante el Estado de Excepción, el Pleno de la institución no ha detenido su labor para definir y establecer las políticas de acceso al servicio integral de justicia, precautelando la vida y la salud de los usuarios y de los servidores de la Función Judicial. “Emitimos 30 resoluciones en todos los ámbitos y realizamos más de 30 reuniones del Pleno, además de 13 mesas de trabajo”, señaló.

Asimismo, indicó que, en un hecho inédito en la Función Judicial, se implementó un sistema de videoadiencias. Entre el 27 de marzo y el 1 de junio, se realizaron 1220 videoaudiencias domiciliares, solo en la provincia de Guayas.

De igual forma, destacó la implementación de la Ventanilla Virtual, a la cual se accede desde las páginas web del CJ y de la CNJ. Las y los abogados, defensores públicos y fiscales ingresaron, entre el 11 de mayo y el 2 de junio, 1016 escritos a través de este sistema.

Por su parte el vocal de CJ, Fausto Murillo, informó que si bien durante la emergencia sanitaria, los plazos relacionados con el trámite de expedientes disciplinarios han estado suspendidos, el despacho interno de este tipo de procesos ha continuado.

Concurso público para la designación de juezas y jueces de la Corte Nacional

Mediante resolución 055-2020, el Pleno del CJ expidió el Reglamento para el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia.

La mencionada resolución señala que, para la selección de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia, deberán considerarse parámetros de legitimidad y transparencia; probidad notoria y alta autoridad moral; trayectoria personal éticamente irreprochable; vocación de servicio público y de protección de los derechos humanos, de los valores democráticos y la transparencia; y, compromiso con el cambio institucional de la justicia.

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