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Entre discrepancias empieza a debatirse el Código Penal

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QUITO.- (Diario EL UNIVERSO).- La Asamblea Nacional inicia hoy el primer debate del proyecto de Código Penal Integral en medio de cuestionamientos y críticas de parte de sectores políticos y de organizaciones ciudadanas.

Además, en un escenario polarizado, el oficialismo defenderá los alcances y objetivos del proyecto elaborado por la Comisión de Justicia, mientras que la oposición cuestionará lo que considera intentos del régimen de convertir ese cuerpo legal en un arma de persecución política.

El análisis de la propuesta se realizará por tres libros. Así lo confirmó ayer el presidente de la Legislatura, el oficialista Fernando Cordero.

Los asambleístas podrán intervenir de manera separada para hacer sus propuestas a los temas de infracción penal, procedimiento penal, código de ejecución de penas y adolescentes infractores. Con eso está previsto que el debate se haga en varias sesiones.

Cordero reconoció que la discusión en el pleno iniciará con dudas y ciertos prejuicios por parte de personas que, a su criterio, lo único que buscan es la confrontación.

Para él, en este proyecto no existe ningún retroceso en materia de derechos de las personas, pero puntualizó que el objetivo en el primer debate es debatir varios temas complejos para llegar a acuerdos.

Mencionó, por ejemplo, las sanciones que se establecerán por tráfico o expendio de drogas, de acuerdo con dosis confiscada. A su juicio, esto va en la dirección correcta para evitar criminalizar el consumo en pequeñas cantidades de niños y jóvenes vulnerables.

No obstante, para el legislador Abdalá Bucaram Pulley (PRE), esto fomentará el consumo de drogas al establecer límites para el consumo.

Marisol Peñafiel (AP) señaló que en el informe se establecen claramente los tipos de delitos, las sanciones y los agravantes, por ejemplo, por el uso de niños y adolescentes en el cometimiento de infracciones. Con penas que son proporcionales al delito cometido.

Para Jorge Escala (MPD), en cambio, está claro que el Gobierno tiene urgencia de aprobar esa norma para criminalizar la creciente protesta social, al establecer penas para delitos como huelga, con prisión de seis meses a un año, y continuar la persecución a gremios, sindicatos y medios a través de la sanción a personas jurídicas.

Enrique Herrería (antes de MG) coincidió con ese criterio y expresó su preocupación por el carácter punitivo del proyecto en el que se penalizan una serie de actos de la ciudadanía. Citó el caso de la calumnia, que se la sanciona con dos años de prisión, que para él busca amenazar a los periodistas para evitar que publiquen los actos de corrupción del régimen.

La Red de Mujeres ayer presentó sus reparos al texto. Anunzziata Valdez cuestionó que en este proyecto se determine que el tratamiento de los casos de violencia intrafamiliar ya no estén a cargo de las comisarías de la Mujer. Objetó, en la comisión, que estos casos sean analizados en la Fiscalía, cuando ya existen abultados números de causas que podría generar que queden en la impunidad.

Gina Godoy (AP) respondió que en este texto se eleva a la categoría de delito la violencia intrafamiliar.

María Paula Romo (Ruptura) teme que el debate se llene de discursos populistas respecto de la seguridad y delincuencia, sin concentrarse en los temas importantes del Código y delicados de la seguridad.

Contenido: Proyecto de Ley
Texto en análisis

El informe para primer debate que fue elaborado por la Comisión de Justicia tiene 812 artículos, 19 disposiciones reformatorias, 5 generales y 18 transitorias.

Informe de minoría
Para el debate de este proyecto también se incluyó el informe de minoría presentado por la asambleísta María Paula Romo.

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