Política

En la sede legislativa se analizaron los fenómenos de la conflictividad social y violencia en el Parque Nacional Yasuní y la zona intangible

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Quito.- Con el propósito de analizar la complejidad y las diversas formas de conflictividad social y violencia en el Parque Nacional Yasuní y la zona intangible waorani, taromenane y tagaeri, como producto de la confluencia de fenómenos sociales, en el Salón José Mejía Lequerica de la sede Legislativa, se abrió un espacio de diálogo dirigido a asambleístas, asesores, académicos y estudiantes, organizado por la presidencia de la Asamblea Nacional, la Comisión de Biodiversidad y la Escuela Legislativa.

En esta oportunidad, participó como expositora Simoneta Rossi, máster en reconstrucción y recuperación posconflictos de la Universidad de Nueva York, quien subrayó que la zona de biosfera del Yasuni, según un análisis, se presenta como un territorio marginalizado y que, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno actual, hay una marginalización histórica que se espera sea superada, aspecto que ha sido reconocido por los alcaldes de los gobiernos autónomos descentralizados, quienes han manifestado que hay necesidades por satisfacer.

Aseguró que este territorio complejo, a más de presentar la marginalidad histórica, ha enfrentado relaciones transfronterizas que generan, por un lado, ventajas y oportunidades de lo que se da entre las fronteras, pero -a la vez- relaciones fragmentadas por las prácticas de asistencialismo y de clientelismo, que han reemplazado a las lógicas relaciones Estado-sociedad-nacionalidades indígenas.

Hay que romper estas relaciones asistencialistas y clientelares por un ente regulador que es el Estado, dijo, al sostener que es necesario separar la conflictividad social de la zona, lo cual significa mitigar lo negativo y potenciar lo positivo, es decir, hay que identificar y potenciar aquellos actores que tienen capacidad para la paz, así como mitigar y eliminar aquellos que tienen capacidad para la violencia.

Por su parte, Wilson Méndez, sociólogo de la Universidad Católica del Ecuador, fundamentó su exposición en tres ejes: el contacto con los waorani, el inicio de la actividad petrolera y la superposición de territorios.

Indicó que la zona que hoy está en análisis, donde están los campos petroleros 31 y 43, está conformada por cuatro espacios: el Parque Nacional Yasuní, la comunidad waorani, las áreas de colonización y los pueblos naporuna.

Manifestó que en la zona del actual ITT, en los años cincuenta, como parte de la denominada operación Auca, se realizaron innumerables vuelos en busca de los Waorani e incluyen Taromenane, con resultados negativos para los segundos.

Dijo no se conoce con exactitud de varios eventos de violencia entre Tagaeri y Taromenane, pero es real que se han dado, principalmente entre diciembre del 2001 y abril del 2003.

Explicó que el patrón de asentamiento de los dos grupos es en sentido vertical, en la parte occidental del Parque Nacional Yasuní, desde los ríos Tiputini y Tivacuno, al Norte; hasta el río Curaray, al sur; la vía Auca, al oeste; y, la vía Maxus, al este.

Entre tanto, Iván Narváez, máster en estudios socioambientales de la Flacso. Ecuador, al referirse al rol del Estado en el proceso de integración, destacó que la declaratoria de la zona intangible en el Yasuní no es más que una compensación tardía a las ineficiencias y complicidades del propio Estado con el capital extractivo, respecto al fracaso de la conservación y control de gestión ambiental y nula política social en el área de impacto petrolero.

Al hablar de las categorías tecnicopolíticas, indicó que se dieron procesos de inseguridad jurídica, fraccionamiento de la competencia ambiental, manejo político del tema, negociación de intereses y una distribución inequitativa de la renta petrolera, lo cual generó déficit de políticas públicas oportunas y eficaces, así como sistema de gestión y monitoreo ambiental empresariales excluyentes, con efectos contraproducentes a nivel sociopolítico, local, regional y nacional.

Existe un fraccionamiento ambiental, por lo que urgen metodologías participativas para el monitoreo ambiental comunitario; las auditorías ambientales son escasas y discontinuas que no incluyen datología respecto a la reinyección de las aguas de formación de pozos, campos o yacimientos, subrayó.

Wilson Méndez indicó que el Estado es el principal constructor y destructor del espacio, pero lo que tiene que asimilar es que no es obligación imponer, conquistar o colonizar, tiene que entender que su responsabilidad implica trabajar en conjunto con este pueblo que tiene que revertebrar su organización, desde una perspectiva diferente de derechos humanos, de autodeterminación y de derecho al territorio, porque están en capacidad -conjuntamente con la sociedad- de construir y crear una epistemología plural.

Es momento de construir una epistemología abierta, plural, diferente desde nosotros mismos y desde ahí labrar ese destino que todos aspiramos del pueblo waorani, de los demás pueblos y de la sociedad ecuatoriana, concluyó.

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